La Asociación Pro-Derecho del Confinado “ÑETA”, el Nuevo Grupo 25 y el Grupo 27, en nombre de la población que representan, enviaron un comunicado a los medios en repudio a cualquier traslado de confinados a cárceles fuera de Puerto Rico involuntariamente.
"Estos traslados no cumplen con nuestro Derecho Constitucional a la rehabilitación.
Sabemos que esto es el resultado de una imposición de la Junta de Supervisión Fiscal, imposición la cual rechazamos enérgicamente. Ya que estos traslados en ningún momento nos van a ser de provecho en la rehabilitación, nuestra Integración familiar será deshecha y nuestra reinserción a la comunidad será imposible.", explican los confinados en el comunicado.
Los confinados insisten que la población está orientada y organizada, y que no debe pagar por las "malas decisiones" que han tomado los gobernantes del país.
"Emplazamos a nuestros gobernantes a que para reducir el tamaño de la población correccional se amplíen los programas de rehabilitación y se permita que los ya rehabilitados tengan más opciones para salir a la libre comunidad. Como, por ejemplo, el Proyecto del Senado 459, que luego de Cámara y Senado aprobarlo el gobernador le dio un veto de bolsillo. Esa era la oportunidad para que todos los rehabilitados con buena conducta, además de estar trabajando o estudiando pudieran bonificar tiempo y adelantar su elegibilidad a la Junta de Libertad Bajo Palabra."
La comunidad insiste en que estas deben ser las acciones correctas que debe asumir el gobierno en vez de los traslados para reducir gastos.