El representante popular José “Conny” Varela advirtió el jueves que la nueva Orden Ejecutiva firmada por la gobernadora Wanda Vázquez, la cual otorgaría inmunidad a las facilidades y profesionales de la salud que asistan al Gobierno de Puerto Rico durante la emergencia del coronavirus, aunque meritoria y necesaria, es inconstitucional y usurpa las prerrogativas de la Asamblea Legislativa.
“En principio entendemos la urgencia de garantizar todos los recursos médicos y profesionales de la salud disponibles en el País. Y como legisladores estamos en unidad de propósito para que así sea. Sin embargo, esta Orden Ejecutiva tiene dos graves defectos que la hacen inconstitucional de plano. Primero, ese tema es campo ocupado por la Asamblea Legislativa. Segundo, los ciudadanos tienen un derecho constitucional a la reclamación de agravios contra el Estado y eso incluye cualquier reclamación sobre malas prácticas médicas, y quien tiene la autoridad para enmendar o modificar ese derecho es la Asamblea Legislativa, no el Ejecutivo”, expresó Varela en comunicación escrita sobre la Orden Ejecutiva OE 2020-036 firmada or la Gobernadora.
El representante le recordó a la Gobernadora que “el Artículo 1802 del Código Civil, la ley 139 del 3 de junio del 1976 (Ley del Buen Samaritano) y la Ley 104 del 19 de junio de 1955, según enmendada, (“Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado”), regulan lo correspondiente al grado de responsabilidad civil del médico y hospitales por alegada mala práctica de la medicina y sobre el privilegio de la inmunidad. Por lo que es nuestra responsabilidad, como cuerpo electo por el Pueblo de Puerto Rico, atender esos asuntos.”
La Orden Ejecutiva pretende extender la inmunidad a las facilidades y profesionales de la salud que asistan al Gobierno durante la duración de la emergencia. Eso incluye hospitales generales y especiales, centros de diagnóstico y tratamiento, centros de rehabilitación, facilidades de cuidado extendido, casas de salud, centro de enfermedades renales, incluyendo unidades ambulatorias de hemodiálisis, centros de cirugía ambulatoria, programas de servicios de salud en el hogar entre otros. Por su parte, los profesionales de la salud definidos en el documento son todos aquellos autorizados a proveer servicios de cuidado de salud mediante licencia, certificación o autorización emitida por el Gobierno de Puerto Rico.
“Nos preocupa que, conforme el lenguaje redactado de esta Orden, la inmunidad se extienda, inclusive, a las actuaciones del ‘Task Force’ del Covid-19 por la compra de pruebas rápidas sin la aprobación requerida y que está siendo investigada en estos momentos por la Comisión de Salud (de la Cámara). Hay que tener mucho cuidado, pues también afecta la facultad del legislador de investigar y fiscalizar el uso de fondos públicos por parte del Gobierno”, insistió el también portavoz de la Comisión de Gobierno por el PPD.
“El hecho de que estemos en un estado de emergencia de salud no implica la suspensión de garantías ni derechos constitucionales. Se puede atender esta pandemia en democracia, sin usurpar derechos ciudadanos ni los poderes de la Asamblea Legislativa. Hago un llamado a la Gobernadora a dejar sin efecto esa Orden Ejecutiva y a trabajar de forma conjunta e inmediatamente la legislación necesaria en el mejor ánimo, para brindarle los recursos necesarios a nuestros médicos y profesionales de la salud y brindarle las herramientas para enfrentar efectivamente esta lamentable situación”, concluyó.
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