Coronavirus

Controversial contrato de compra de “rapid tests” fue firmado previo a ser autorizado por Salud

Continúa la vista cameral.

Telemundo

La Comisión de Salud de la Cámara que preside el representante Juan Oscar Morales, lleva a cabo este martes una Vista Ejecutiva en torno a la Resolución de la Cámara 1741 que ordena realizar una investigación expedita sobre la distribución de recursos a las agencias y municipios durante la emergencia del coronavirus; la distribución de pruebas para detectar el Covid-19 y los procedimientos para la adquisición de ventiladores.

En un aparte con la prensa, Morales adelantó que el contrato para adquirir pruebas rápidas para detectar Covid-19 fue firmado el 26 de marzo a las 2:49 p.m., previo a la solicitud de aprobación por parte del Departamento de Salud.

“Ya el contrato entre la compañía y Manejo de Emergencias estaba firmado a eso de las 2:49 p.m. de ese día", indicó.

El legislador cuestionó “por qué cuando se estaba solicitando la autorización del Departamento de Salud, por qué ya había un contrato firmado y que ya teníamos constancia. Ya tenemos la evidencia de que ese contrato, en efecto, el 26 de marzo a las 2:49 p.m. ese contrato estaba firmado”.

A preguntas de Telenoticias, Morales indicó que la fecha de la firma del documento implica que "había un compromiso entre Manejo de Emergencias y/o el Departamento de Salud con este suplidor para adquirir $38 millones en pruebas, así que nosotros tenemos que investigar y en la tarde vamos a estar hablando con otros funcionarios.

Citan a Graciela Malavé

Durante los trabajos legislativos, fueron citados Graciela Malavé, una funcionaria contratada por Servicios Profesionales y quien tuvo a su cargo la evaluación de la Forma 113 que autorizó la compra de un millón de pruebas rápidas para COVID-19.

Malavé funge en Oficina de preparación y coordinación de respuestas de Salud Pública, dirigida por la doctora Jessica Cabrera, gerente de evaluación de ejercicios y coordinadora interagencial en el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) estatal.

La funcionaria explicó que recibió una orden de compra bajo el Formulario 113 para la adquisición de Pro Medical Test Kits COVID-19 -manufacturados por la empresa australiana Promedical Equipment- y detalló que la cotización es de APEX por $42 millones para un millón de pruebas rápidas.

Su rol, según explicó a la Comisión Especial, fue una evaluación de los documentos relacionada con la emergencia, pero no intervenir en los asuntos de compra y cuantías en los documentos.

“Yo no evalúo compras, no tengo criterios para comprender si estaba caro o no estaba caro”, dijo Malavé al ser cuestionada por el presidente de la Comisión Especial en torno a si no le pareció sospechoso el alto costo de la prueba.

“Al yo ver la 113 vi que estaba relacionado a Salud. Yo solo la procesé”, insistió. “Yo no le puedo decir que ese contrato ya estuviera firmado antes de yo verlo”, añadió.

Malavé fue cuestionada si el contrato fue anejado a la Forma 113 de compra -que previamente aseguró que sí- pero no respondió.

El presidente de la Comisión le increpó sobre si durante su proceso de evaluación ya el contrato estaba firmado, la deponente no contestó.

Mencionó, además, a preguntas de Rafael “Tatito” Hernández, que cuando se manejó los documentos, no existía secretario y subsecretario de Salud por lo que la decisión recae en Adil Rosa Rivera.

Asimismo, indicó que teme que su contrato sea rescindido. “Como es mi firma la que está, pues yo estoy quedando como la responsable de lo que hubiera ocurrido. Esto recae sobre mis hombros”, dijo la contratista.

Cuestionada sobre si a su entender, el proceso estuvo mal desde el principio, la deponente contestó: “no”.

Integrantes de la Comisión

Dicha comisión, ordena indagar sobre las compras y distribución de equipos requeridos durante la emergencia y sobre la administración de la plataforma digital para la renovación de las 800 licencias que se conceden a través de la agencia.

Los integrantes de la Comisión Especial son María Milagros “Tata” Charbonier, Ángel Bulerín Ramos, Lydia Méndez Silva, Jesús Manuel Ortiz González, Denis Márquez Lebrón, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, José Aponte Hernández, Gabriel Rodríguez Aguiló y Jorge Navarro Suárez.

La vista pública continúa con las demás funcionarias citadas, Mariel Rivera Rivera, quien vino acompañada de un abogado, Adil Rivera Rosa, quien también vino acompañada de un abogado y Diana Meléndez Díaz.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.

Contáctanos