La Contraloría de Puerto Rico emitió el lunes una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Corozal en donde se revelaron múltiples deficiencias administrativas, en las cuales se realizaron inversiones en recursos que no han tenido utilidad, situación que se atribuye a que los alcaldes, y directores de Obras Públicas en funciones no protegieron los intereses del municipio.
El informe, entre otras cosas, mostró que el municipio pagó $140,547 por un generador de electricidad, un camión, losetas y materiales que no han tenido utilidad. El generador para uso del Cine Teatro San Rafael nunca se instaló ni tampoco el camión ganchero comprado en una subasta en Orlando, Florida, ya que se adquirió con desperfectos mecánicos y se encuentra en estado de abandono.
Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.
Además, unas viguetas de acero y placas adquiridas para reconstruir el techo del área de Transporte en Obras Públicas, están a la intemperie y sin usar, 14 planchas de acrílico que sirven de escudo protector en los escritorios del COVID-19, se encuentran almacenados en un pasillo, y las losetas de mármol para la oficina del alcalde, no se instalaron y algunas estaban rotas.
También puedes leer: Gobernador firma varios proyectos de ley
La auditoría de ocho hallazgos señala que el municipio especificó marcas y modelos en la requisición de cuatro vehículos por $90,851 en septiembre de 2020 con fondos del Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES Act). Esta situación es contraria al Código de Regulaciones Federales que establece que las transacciones deben realizarse de manera que proporcione una competencia plena y abierta.
Los auditores hallaron múltiples deficiencias administrativas como un pago por $3,600 para instalar aires acondicionados, antes de recibir el servicio, pago de $42,163 sin las facturas de los proveedores, o el pago de $1,261 por cargos de financiamiento a la tarjeta de crédito asignada al alcalde. Situaciones similares se habían señalado en el Informe M-20-31 del 27 de mayo de 2020.
Al 29 de junio de 2021, el municipio de Corozal no había cobrado cheques por $20,523 que llevaban hasta más de nueve años vencidos por concepto de los servicios de ambulancia prestados por la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (OMMEAD). Asimsimo, se identificaron cheques sin cobrar o facturas sin explicación de los trabajos realizados.
El informe devela que el municipio mantenía 11 cuentas bancarias de fondos especiales con $325,795 inactivos hasta por más de tres años. También, las conciliaciones de las 28 cuentas bancarias activas, se realizaron con atrasos de hasta tres años.
Contrario a la ley y reglamentación vigente, el municipio no cumplió con el envío de la certificación anual sobre la Ley 273-2003, Ley de Normas Contractuales sobre Independencia en la Auditorías de Entidades Gubernamentales a la Oficina del Contralor. Además, el Municipio envió el Informe de Puestos hasta 43 días tarde y las certificaciones anuales de la Ley 136-2003, sobre el estado de toda privatización hasta 734 días tarde.
Dicho municipio carecía de reglamentación para el procesamiento de pagos mediante transferencias electrónicas y de normas con relación al uso, control y custodia de los sellos de peaje electrónico para el servicio de Auto Expreso. Para el periodo auditado, no había actualizado el Reglamento de Compras, ni el Reglamento para el Establecimiento y Operación de los Servicios de Ambulancias.
En otros casos, la auditoría comenta que cuatro ciudadanos ganaron en el 2015, una demanda en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico por violación de derechos civiles. Al 31 de diciembre de 2020, el Municipio no había realizado el pago ordenado por el Tribunal de $25,000.
A raíz de un monitoreo por parte de la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA) al Centro para Personas de Edad Avanzada Petra Marrero, se ordenó congelar los fondos por deficiencias en los registros contables, los desembolsos y falta de controles. Del 2012 al 2017, el Centro había recibido $767,171 en fondos federales.
Por otra parte, la OPPEA recomendó al municipio recobrar de $5,587 por deficiencias en el pago de licencias y la falta de reprogramación de fondos. Esta situación ocasionó que el Municipio pagara con fondos ordinarios por $326,583, a empleados asignados al centro geriátrico.
Al 31 de diciembre de 2020, 11 demandas contra el municipio estaban pendientes de resolución por los Tribunales por $953,000.
