La Contraloría de Puerto Rico reveló el miércoles que en la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) se despachó combustible a personas privadas y entidades no autorizadas por $15,171 tras el paso del huracán María.
Además, la AMA despachó gasolina a vehículos de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y de la Policía de Puerto Rico, no autorizados por la Resolución de Emergencia 2017-30A que facultaba el despacho de combustible a los vehículos del DTOP y agencias adscritas.
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Estos hechos, contrarios al Artículo VI, Sección 9 de la Constitución, pudieron haber configurado los delitos de aprovechamiento ilícito de trabajos o servicio públicos, certificaciones falsas y perjurio, entre otros.
Según se informó, del 23 de septiembre al 25 de octubre del 2017 se realizaron despachos al contratista que administra el Tren Urbano, a personas privadas en vehículos privados y a empleados de la Autoridad de Carreteras, del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), y de la Autoridad de Transporte Marítimo.
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La Constitución establece que sólo se dispondrá de las propiedades y de los fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del Estado y, en todo caso, por autoridad de ley.
Estas situaciones se atribuyen a que el entonces presidente y gerente general de la AMA y el director y los oficiales de la Oficina de Seguridad Interna, se aprovecharon de sus puestos para permitir a personas y entidades privadas obtener beneficios no permitidos por ley y la reglamentación aplicable.
Estos hechos se refirieron al Departamento de Justicia Federal, al Inspector del Departamento de Transportación de los Estados Unidos, al secretario del Departamento de Justicia, y al director de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, para que tomen las medidas que estimen pertinentes.
El Informe especial señala también que la AMA emitió 19 facturas por $84,024 a las entidades cuyos vehículos se abastecieron de combustible, y al 16 de abril de 2018, solo había recibido el pago de ocho facturas por $30,000.
El presidente y gerente general de la AMA certificó a los auditores de la Contraloría que no existen registros de entrada y salida de personas y vehículos de los puestos de despacho, aunque la compañía de seguridad privada y oficial de Seguridad Interna indicaron que siempre había que completar el Registro de Visitantes.
Además, certificaciones del presidente de la AMA y del secretario del DTOP, indicaron que no autorizaron el abastecimiento de combustible para uso personal de sus empleados, a pesar de que los oficiales de Seguridad Interna declararon bajo juramento que verificaban la lista de personas y vehículos autorizados antes del despacho de combustible.
El informe devela múltiples irregularidades en el Registro de Despacho de Combustible como: el registro de un contratista del Tren Urbano como empleado, tres personas con números de licencia que no le pertenecían, o despachos de combustibles a tanques externos para generadores eléctricos.
El Informe recomienda a la presidenta y gerente general de la AMA a realizar gestiones de cobro por $14,704 al contratista que administra el Tren Urbano y tomar las medidas administrativas que correspondan, entre otras.
Este Informe Especial del 1 de febrero de 2020, está disponible www.ocpr.gov.pr.
