Un informe de la Contraloría de Puerto Rico revela que el Municipio de San Juan pagó $218,700 a un consultor para administrar las reclamaciones al Auto-Seguro del Municipio, sin evidencia del plan de trabajo requerido en el contrato.
Además, el contrato con dicho consultor de $739,000 en el 2014, no incluyó un detalle de los honorarios por cada servicio ni estableció un mínimo de servicios requeridos, contrario a la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos.
La auditoría de tres hallazgos señala que el Municipio pagó $26,334 en exceso a un consultor para trabajos de asesoría con las recaudaciones de ingresos municipales. Otro consultor, realizó trabajos de tasación no autorizados por la directora de Asuntos Legales según disponía el contrato, y varios contratistas para el mantenimiento de escuelas, no detallaron en sus facturas, los lugares de servicio, las fechas de trabajo, ni los nombres de sus empleados.
Los auditores hallaron que el Municipio efectuó 153 pagos por $6,799,300, sin los comprobantes de desembolso. El personal de la Unidad de Intervención no evaluaba los documentos que justificaban los pagos. De estos, el 93.8% corresponde a la administración de la alcaldesa y 6.2% al exalcalde. Esta situación propicia que se cometan irregularidades en los desembolsos.
El Municipio formalizó con una corporación en el 2010, dos contratos para la compraventa de un parque industrial en el Bario Quebrada Arenas en Rio Piedras por $55,000,000. En la misma fecha, el Municipio firmó un contrato para arrendarle un espacio a dicha corporación durante 10 años, por $23,896,950. Esta corporación se había declarado culpable en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico en el 2007, por dos cargos federales, por hacer declaraciones falsas a la US Environmental Protection Agency y a la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico.
La auditoría halló que el Municipio no le exigió a la corporación la presentación de la declaración jurada requerida por la Ley 458-2000 la cual debe establecer que la corporación no ha sido convicta ni se ha declarado culpable de delitos contra la integridad pública. El Municipio tampoco cumplió con lo requerido en la Ley 84-2002 la cual dispone que todo contrato debe incluir una cláusula de resolución en caso de que la persona que contrate con las agencias ejecutivas, resultare convicta, en la jurisdicción estatal o federal por algunos de los delitos establecidos. Estos contratos podrían ser nulos y el Municipio tendría que recobrar $55,000,000 desembolsados en la compraventa del parque industrial.
El Informe comenta con respecto a esta transacción que la Legislatura Municipal no tuvo la información completa al evaluar la emisión de deuda mediante bonos de renta para la adquisición de la propiedad. El director de Gerencia y Presupuesto entonces, presentó una tabla de amortización a 25 años sin incluir los gastos de operación, de las utilidades, ni del mantenimiento de las facilidades.
Además, del 2010 al 2016, los ingresos por el arrendamiento, no cubrieron ni el 50% de los pagos del principal e intereses, la operación tuvo una deficiencia en ingresos por $10,065,938 y la corporación no le había pagado al Municipio ni una tercera parte de los pagos de renta. De hecho, el Municipio radicó dos demandas por cobro de dinero y desahucio en el 2015, que al 21 de marzo de 2019 estaba pendiente de resolución por el Tribunal.
Contrario a la legalidad, el Municipio formalizó en el 2013 un contrato por $53,880 para mejoras del sistema pluvial, con una sociedad especial en la cual uno de sus socios se había declarado culpable de soborno en el Tribunal Federal.
La auditoría comenta también, que una compañía contratada para administrar el Programa de Auto-Seguro, realizó 152 pagos por $236,855, para el pago de reclamaciones sin la preintervención y evaluación del Municipio para determinar su razonabilidad y legalidad. Tampoco el Municipio realizó la preintervención en 16 pagos por $975,441 que la compañía efectuó a su favor.
El Informe recomienda a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Contraloría de Puerto Rico.
Este cuarto informe de San Juan, cubre el periodo del 1 de enero de 2012 al 30 de junio de 2017, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
