El secretario del Departamento de Justicia (DJ), Domingo Emanuelli Hernández, informó el lunes que Puerto Rico recibirá sobre 100 millones de dólares como parte de una transacción que culminó uno de los litigios incoados a través de la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) de la agencia en representación del Gobierno de Puerto Rico contra farmacéuticas, distribuidoras y empresas involucradas en la epidemia de opioides.
“Este acuerdo, que pone fin a tres años de litigio y negociaciones con las grandes distribuidoras de medicamentos en Estados Unidos, nos permitirá costear servicios de prevención y tratamiento contra la adicción en las comunidades afectadas por la crisis de opiodes. La epidemia de opiáceos ha provocado adicción y hasta la muerte de puertorriqueños por sobredosis, la pérdida de oportunidades económicas y graves daños, tanto al núcleo familiar y como a nuestra sociedad. Este acuerdo no subsana todos los daños ocasionados, pero reparará parte de estos y permitirá brindar ayuda a los ciudadanos impactados y prevenir otros casos”, expresó el secretario en declaraciones escritas.
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A partir del mes de abril, la isla comenzará a recibir pagos millonarios tras anunciarse el histórico acuerdo mediante el cual Johnson & Johnson, así como los distribuidores AmerisourceBergen, Cardinal Health y McKesson, desembolsarán 26 mil millones de dólares para transigir miles de demandas de los gobiernos estatales y locales de los Estados Unidos afectados por los opiáceos.
En los pleitos se ha argumentado que las compañías distribuidoras no informaron debidamente sobre la capacidad adictiva de los medicamentos derivados del opio y establecieron tácticas de mercadeo agresivas para fomentar el uso de sus productos entre personas que padecían dolores desde moderados a severos.
Además de la compensación económica, se impuso una prohibición para que estas empresas detengan las prácticas que provocaron la emergencia de salud pública. De igual forma, se exigió a las distribuidoras la implementación de medidas correctivas, tales como: dejar de vender opioides, no financiar ni otorgar subvenciones para la promoción de opiáceos y no cabildear sobre actividades relacionadas con estos, entre otras.
El Departamento de Justicia de Puerto Rico continúa litigando a nivel local contra la Droguería Betances, y junto a varios estados contra Purdue Pharma, Mallinckrodt y Walgreens.
