El grupo “Gimnasios Unidos por Puerto Rico” presentó una demanda para solicitar se declare inconstitucional la sección 19na de la Orden Ejecutiva 2020-54, anunció la entidad en declaraciones escritas en la mañana del domingo.
El grupo compuesto por dueños y usuarios de gimnasios a través de toda la Isla tomó la decisión después que la gobernadora Wanda Vázquez Garced ordenara el cierre de sus establecimientos sin mediar estudio científico o evidencia de contagios en los mismos.
“Esta decisión (de cerrar unilateralmente los gimnasios) es totalmente incorrecta ya que no hay evidencia de brotes ni contagios originados en nuestros establecimientos. Por otro lado, el foco del repunte ha sido a través de actividades donde no se toman las precauciones recomendadas por los expertos” dijo Abdiel Lugo portavoz del grupo.
La organización indicó que esta determinación priva a los dueños de gimnasios de su sustento y del uso de su propiedad, esto solo a días de haber invertido grandes sumas de dinero en equipo protector.
Los demandantes le piden al Tribunal de Primera Instancia de San Juan revisar la constitucionalidad de la Orden Ejecutiva 2020-54 ya que además, a su juicio, la misma interviene y menoscaba obligaciones contractuales contraídas entre estos y sus clientes y violenta la libertad de reunión.
Además, plantean que el gobierno no tiene la potestad para intervenir con estos derechos a través de una orden ejecutiva y que de proceder tendría que hacerse mediante ley.
La industria de gimnasios aporta anualmente $70 millones a la economía del país.
