El terapista Víctor Moreno, portavoz de Proveedores de Servicio de Terapia bajo el mecanismo de Remedio Provisional, denunció este lunes que más de 20,000 estudiantes del programa de Educación Especial estarán sin servicio de terapias y evaluaciones para el próximo año escolar.
Moreno dijo que el pasado miércoles 19 de mayo, el Departamento de Educación notificó que habrá un nuevo recorte al pago que reciben por sus servicios a los niños y niñas del Programa de Educación Especial a través de de Remedio Provisional.
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El portavoz de Proveedores de Servicio de Terapia indicó que en el año 2015, el Departamento de Educación reguló las tarifas a los proveedores de Remedio Provisional, basado en un informe realizado por la compañía Estudios Técnicos. Según el informe del 28 de abril de 2015, esta compañía estudió el mercado e informó a Educación cuál era la tarifa promedio.
“Sin embargo, en ese momento Educación estipuló una tarifa de 20% menor al promedio identificado en el informe. De forma tal que no se justifica este recorte”, señaló Moreno en una declaración escrita.
A través del Programa de Remedio Provisional se le presta servicios de terapia a los estudiantes de Educación Especial cuando el Departamento de Educación no puede prestarlo.
“Nosotros, los psicólogos, terapistas del habla, terapistas físicos, terapistas ocupacionales y otros nos veremos imposibilitados de ofrecer servicio a estos estudiantes con necesidades especiales que el Departamento de Educación no puede o no ha podido proveer “, añadió.
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De acuerdo con el Departamento de Educación los costos de los servicios están por encima de los costos del mercado basado en el programa Medicare (Medicare Fee Schedule o MFS).
“No obstante, los servicios del programa de Medicare y los de Remedio Provisional son incomparables en ese sentido. No se puede comparar el servicio que se brinda a estos estudiantes a través de Remedio Provisional, que es un servicio enfocado en el desarrollo y la educación, requerimientos que elevan los gastos administrativos, con un tratamiento de calidad, individualizado, en comparación con el servicio que brinda el gobierno mediante la Reforma de Salud y sus aseguradoras; son dos servicios distintos. Ante este escenario, Moreno advirtió “nosotros no sacrificaremos el servicio que le proveemos a nuestros niños como pretende el Departamento de Educación. La calidad del servicio no es negociable. Hemos estado ofreciendo un servicio de calidad aun cuando se tardan más de cuatro meses en pagarnos. Totalmente falso la respuesta del Departamento de Educación de que pagan a los 30 días de la facturación”.
El portavoz indicó que “quienes están recomendando estos recortes son la Junta de Control Fiscal. Ellos están amenazando el futuro de estudiantes que necesitan un servicio del gobierno, muchos de estos estudiantes son de escasos recursos, necesitan asistencia y dejarlos sin servicios es abandonarlos y en muchos casos comprometer su salud. Le están violentando su derecho a la vida, al desarrollo, a una educación; estos son derechos establecidos en la Constitución”.
Moreno añadió que son años “de atropello por parte del Departamento de Educación a los terapistas en Puerto Rico, la insensibilidad, los atrasos de meses en los pagos e imposiciones nunca han cesado. ¿Cómo retener a estos terapistas en Puerto Rico bajo estas condiciones y que nuestros niños puedan recibir sus tratamientos? La respuesta es que cada vez hay menos terapistas para atenderlos, pero eso al Gobierno no le interesa. Solo cuando los funcionarios que administran los fondos destinados a nuestros niños posean empatía hacia ellos, dejarán de ver las necesidades de estos como un problema contable y lo sentirán como un imperativo Humanista. El gobernador (Pedro Pierluisi) tiene que decidir si va a ser abogado y defensor de la Junta o si va a defender los derechos y fondos de los estudiantes de Educación Especial”, concluyó Moreno.
