El Comité de Descolonización de la ONU aprobó el lunes, otra resolución que respalda una vez más el derecho de Puerto Rico a la libre determinación, en una sesión marcada por la crisis fiscal que atraviesa la isla.
Como en los 16 años anteriores, el también llamado Comité de los 24, aprobó por consenso la resolución presentada por Cuba y coauspiciada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Siria, Ecuador y Rusia, un texto que en esta ocasión hace alusión a la crisis y toma nota de la imposición de la junta federal de control fiscal aprobada por la Cámara de Representantes de EE.UU.
Como ha señalado desde la primera resolución adoptada por el comité el 28 de agosto de 1972, el texto reconoce el derecho inalienable de la isla a su libre determinación e independencia de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General del 14 de diciembre de 1960.
Ese documento hace un llamado a la independencia de las colonias considerando los derechos humanos fundamentales y la carta de las Naciones Unidas.
Con la "histórica" resolución de 1972, como la definió hoy el embajador de Ecuador, Horacio Sevilla Borja, que emitió entonces el voto decisivo a favor del caso de Puerto Rico, "concluyó el largo periodo negativo de 20 años por el cual EE.UU. consiguió mantener fuera del ámbito de la ONU" la situación colonial de la isla.
"Desde entonces -agregó- se han aprobado 34 resoluciones y decisiones sin que la comunidad internacional haya logrado su obligación de facilitar a Puerto Rico la conquista de su libre determinación", señaló en declaración al comité.
En un aparte con la prensa, Sevilla Borja, que recién ha regresado a la ONU como embajador de Ecuador, señaló que entonces nunca habría imaginado que cuatro décadas después Puerto Rico "seguiría siendo una colonia" y agregó que lo que ha cambiado es que "EE.UU. ya no ejerce presión" en contra de la aprobación de las resoluciones.
El comité escuchó cerca de 60 ponentes en una audiencia que se realizó en medio de la crisis fiscal que afronta la isla, con una deuda impagable de 72.000 millones de dólares, que ha provocado una nueva ola de emigración y problemas para la prestación de servicios básicos.
