Varias madres llegaron este miércoles al Senado de Puerto Rico para ser parte de la vista pública de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción que preside el senador independiente José Vargas Vidot, y narrar sus desgarradoras experiencias al perder a sus hijos a causa de sobredosis de opioides. De esta forma expresaron su aval al Proyecto del Senado 71 de la autoría, precisamente del presidente de la Comisión, Vargas Vidot y del presidente senatorial, José Luis Dalmau Santiago.
Este proyecto pretende que con la creación de esta ley se establezcan ciertas protecciones para personas sufriendo una sobredosis que pidan asistencia médica de emergencia; establecer ciertas protecciones para personas pidiendo asistencia médica de emergencia para una persona sufriendo una sobredosis; establecer ciertas protecciones para el uso de naloxona por parte de personas que no sean profesionales de la salud, así como para otros fines.
Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.
El primer caso presentado en la audiencia pública fue el de la señora Marisol Villegas de la organización Madres en Duelo. Esta narró el calvario que vivió su hijo, un joven, que según ella misma indicó, “sufrió la enfermedad crónica del trastorno por uso de sustancias”.
“Además de mi experiencia profesional, la vida me llevó a vivir la enfermedad de la adicción de uno de mis hijos. Lamentablemente, él no pudo disfrutar de vivir una vida libre de drogas y fue víctima de un crimen atroz en enero de 2017. Como madre, vivía constantemente con el miedo de un día encontrar a mi hijo muerto o de que me trajeran la noticia de que había muerto en un hospitalillo”, confesó esta madre que ha trabajado con organizaciones como Hogar Crea e Iniciativa Comunitaria, entre otras.
Villegas lamentó que muchos de los que han muerto no hallan tenido la oportunidad de contar con el medicamento Naloxona para evitar esas muertes. “Hoy día mueren por droga contaminada con fentanilo. Tal vez la historia hubiese sido distinta para muchos de ellos si hubiesen tenido a la mano la Naxolona, el antídoto para una intoxicación de opioides”.
Otro de los momentos estremecedores durante la vista, fue cuando la Dra. Elba J. Guzmán-Faría narró a los presentes como había perdido a su único hijo luego de que comenzara a utilizar Oxicodona.
“Aparentemente, comenzó a tomar Oxicodona durante el 2015 después de sufrir una ruptura en los ligamentos de un tobillo mientras corría. Se dió cuenta de su comportamiento peligroso cuando le informé alarmada, en junio de 2017, que las muertes por el uso de opioides se habían convertido en una epidemia. Unas cinco semanas después de esa conversación mi hijo murió. Murió el 3 de agosto de 2017, ese día a las 6:07 de la mañana recibí esa llamada que ningún padre/madre quiere recibir”, contó llorosa Guzmán Faría.
“Yo y todas las madres que hemos perdido hijos debido a esta pandemia agradecemos a los senadores Vargas Vidot y Dalmau Santiago por estar dispuestos a llamar la atención sobre un problema abrumador al que se enfrenta toda la Nación Norteamericana, incluido su territorio Puerto Rico”, concluyó la doctora Guzmán-Faría.
Ante estos relatos que conmovieron a los presentes, la senadora María de Lourdes Santiago, no solo les agradeció su comparecencia, sino que las felicitó por su valentía. “Mis respeto y agradecimiento; y más que nada su generosidad no solamente por deponer a favor de una medida, sino por abrirse ante el sufrimiento más grande que debe tener una madre”, expresó la legisladora.
Hubo otro relato enviado a la comisión por parte de una madre que su hijo también falleció por el uso de sustancias y que reclama la medida sea aprobada.
Otro de los deponentes lo fue, el Caucus Nacional Hispano de Legisladores Estatales (NHCSL, por sus siglas en ingles), organización que agrupa a todos los legisladores hispanos estales en todos los Estados Unidos y que se presentó ante la Comisión para también expresarse a favor del Proyecto del Senado 71.
“Es la primera vez que el Caucus viene a Puerto Rico a testificar sobre un Proyecto de Ley; eso habla de la importancia de lo que representa el P. del S. 71”, aseguró el director ejecutivo de la organización, Lcdo. Kenneth Romero Cruz.
Según el Caucus Hispano, estos apoyan la medida porque busca adelantar materialmente los mismos fines y mecanismos que los legisladores estatales hispanos a través de los Estados Unidos, proteger a las personas que sufren de problemas de opioides o que son propensas a sufrir sobredosis relacionadas a los opioides, para que puedan recibir la ayuda que necesitan. Asimismo, también sugieren que se les realicen algunas enmiendas para fortalecerlo.
Mientras, la primera organización de base comunitaria en deponer fue Iniciativa Comunitaria en la que su coordinadora del proyecto de prevención de sobredosis por uso de opioides del Programa de Reducción de Daños Punto Fijo, Carielys Flores López, estableció que el proyecto en consideración es uno medular del Centro.
“Avalamos este proyecto porque cubre un aspecto de gran relevancia para la prevención de muertes por sobredosis de opioides, particularmente en la población que Iniciativa Comunitaria brinda servicios. Esta medida legislativa minimiza una de las grandes barreras que tienen nuestros participantes y sus redes de apoyo (que en su mayoría pasan a ser testigos de los eventos de sobredosis) que son las intervenciones punitivas cuando ocurre un evento de sobredosis a una persona que usa opioides ilícitos con fines no médicos”, mencionó Flores López.
En cuanto al uso de naloxona, Flores López entiende que el proyecto también garantiza el acceso a dicho medicamento que en el pasado era uno económicamente accesible y actualmente no es tan accesible para todas las personas. De hecho, la coordinadora indicó que un “kit nasal” de este medicamento tiene un costo de $168.00.
Por su parte el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) se concentró en brindar datos acerca de los fallecimientos de opioides. Estos aseguran que anualmente en la Isla se reportan aproximadamente de 30 mil a 36 mil muertes de las cuales 5,000 a 6,000 son referidas al ICF. Un total de aproximadamente 2,500 a 3,000 son referidas al Laboratorio de Toxicología Forense para realizarles análisis químicos, con el fin de determinar la presencia de drogas que podrían estar relacionadas al deceso.
Todos los deponentes en esta vista publica se expresaron a favor del proyecto.
