El juez presidente del Tribunal Federal en San Juan, Raúl Arias Marxuach, emitió una orden este martes para detener el proceso de revisión de la información electrónica ocupada por el gobierno en el caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez y los coacusados, Julio Herrera, banquero venezolano y dueño de Bancrédito International Bank & Trust Corporation, y Mark Rossini, exagente del FBI, por el alegado esquema de soborno.
Los abogados y los coacusados levantaron sus objeciones al alegar que se trataba de información protegida por el privilegio abogado-cliente y que el gobierno no contaba con la autorización adecuada para allanar las cuentas electrónicas de donde se obtuvieron los datos.
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“En lugar del gobierno decir que necesitaba intervenir en las conversaciones que son objeto de comunicación entre los acusados, el gobierno incautó todas las conversaciones, todos los “emails”, todos los textos, que incluyen información privilegiada y personal”, dijo el abogado defensor de Vázquez, Ignacio Fernández.
Fernández y el abogado Luis Plaza indicaron que, como parte del descubrimiento de prueba, al momento, solo han recibido 24 grabaciones de las cuales a penas el 1% guarda relación con la ex mandataria.
Además, la fiscalía entregó unas 191,000 páginas de documentos que no están organizados, por lo que dificulta la recopilación de información entre los portafolios.
Los abogados señalaron que el caso pudiera tardarse un año en entrar a la etapa de juicio yq eu no vislumbran negociaciones para que Vázquez se declare culpable.
Por otro lado, en el caso también trascendió que los allanamientos fueron emitidos por el tribunal federal en el 2020, cuando todavía Vázquez fungía como gobernadora.
Fue el pasado 4 de agosto cuando las autoridades federales arrestaron a Vázquez Garced, tras enfrentar cargos federales por alegadamente aceptar una oferta de soborno para beneficiar su campaña electoral del 2020.
