A Yahaira Santiago le tomó dos años reparar el techo que el huracán María se llevó de su casa en La Playa de Ponce. Llevaba solo un par de semanas de vuelta en su hogar, cuando el terremoto del 7 de enero abrió la tierra justo en su patio y dejó la estructura inhabitable nuevamente. Ni siquiera tuvo tiempo de pintar la nueva construcción.
Ese mismo día, ella y su esposo, ambos policías municipales, buscaron refugio y luego se unieron al campamento que se levantó alrededor de la instalación de las letras de Ponce. Tras 22 días, regresaron a su comunidad. Ahora duermen en la sala y, a veces, en el balcón. Desde allí, pueden ver claramente la equis pintada con aerosol en la brea del frente que indica que su casa no es segura. Pernoctan en el lugar aunque saben que es un riesgo.
Para las reparaciones que hicieron, la pareja solo contó con un préstamo de $25,000 de la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA, en inglés), la alternativa que la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) ofreció a quienes, por sus ingresos, no cualificaron para otras ayudas.
Luego del terremoto, están de nuevo en una casa que no pueden habitar. Pero, ahora, encima tienen una deuda que apenas comienzan a pagar.
“[Después de los terremotos] FEMA vino a investigar la casa y cualifiqué para dinero de reparación. Me depositaron un dinero y también cualificaba para préstamos, pero no voy a volver a solicitarlo. Ya yo he pasado por esta experiencia”, comentó Santiago, quien espera conseguir otra vivienda para mudarse. “No cualifico para Sección 8 ni otras ayudas, así que sería por nuestra cuenta y todo lo que sirve en la zona está bien caro. Todo el que puede está buscando casa. Por ahora, tengo que esperar”.
El policía estatal César Rodríguez Velázquez también sabe lo que es quedarse sin casa dos veces. El huracán María destruyó la estructura de madera donde vivía en Coto Laurel, en Ponce, y el terremoto del 7 de enero rompió en pedazos la vivienda que alquiló después junto a su compañera en Tallaboa Encarnación, Peñuelas.
“Por todos lados de la casa, tú ves pa’l patio. Es algo terrible. Cuando chequearon los inspectores, los pedazos de cemento los sacaban con las manos”, relató Rodríguez Velázquez mientras acomodaba una carpa en el mismo campamento de las letras de Ponce donde pernoctaron por tres semanas Yahaira Santiago y su esposo.
Después del huracán María, FEMA le otorgó a su mamá, quien era la titular de la casa donde vivía en Coto Laurel, $10,000. Sus hermanos y él completaron el dinero para reconstruir la vivienda.
Ahora, Rodríguez Velázquez espera muy poco del Gobierno.
La primera comunicación que tuvo con FEMA fue el sábado, 18 de enero y al día siguiente le inspeccionaron la casa.
“Me dijeron que tenía que esperar 10 días, que me iban a hacer una llamada. En otras palabras ‘jódete aquí 10 días o el tiempo que sea necesario’”, comentó.
El policía le prometió a su compañera, María Echevarría, que del campamento saldrían a una casa, una gestión que aseguró resolverá por su cuenta, sin ayudas gubernamentales.
“Primeramente, no voy para un refugio. Yo soy policía. Yo intervine con mucha gente. Mi vida y la de ella no la voy a poner en riesgo. Yo no voy para un centro de estos de acopio como la asquerosidad que tiene Mayita allí en el [estadio] Paquito Montaner. Yo salgo de aquí para una casa. Si no, me quedo aquí”, afirmó.
En Tallaboa Encarnación, la casa de la que salieron corriendo Rodríguez Velázquez y Echevarría la madrugada del 7 de enero queda en uno de los puntos más altos de la calle, con una hermosa vista al mar. De lejos, se ve que la estructura está inhabitable. Cerca, hay otras casas que resistieron mejor, pero comoquiera, sus habitantes duermen con miedo, si es que pueden conciliar el sueño. Algunos pernoctaron en sus carros las primeras semanas y según ha bajado la intensidad de los temblores, han regresado a estructuras que ya estaban afectadas desde antes de los terremotos por los vientos del huracán María.
Ese es el caso de Ana Ortiz (nombre ficticio para proteger su identidad), una maestra retirada de 67 años que tiene la custodia de los tres hijos de su sobrina. La mujer decidió jubilarse tras años trabajando como maestra de educación especial para poder dedicarse a los menores: dos niñas de 12 y siete años, y un niño de cuatro que tiene autismo.
La casa de la educadora todavía está cubierta por un toldo azul. Tenía un techo zinc que voló con el huracán María.
“El toldo me lo dio el municipio. Ya he gastado tres toldos para que no se me sigan dañando las cosas. FEMA a mí no me dio toldo ni nada. Ellos mandaron a una persona a investigar y dijeron que no, que lo que había que arreglar era más que un pedacito de la casa, pero había que arreglar todo porque aquí dio bien duro el viento y con este terremoto ahora se abrió parte de la sala”, explicó. “Me dieron $800, que eso no me da para nada”.
Ahora, Ortiz y los niños duermen los cuatro en un cuarto en una estructura de cemento en la parte de atrás de la casa. La mujer aspira a resolver esta precariedad por su cuenta, cuando comience a llegarle la mensualidad completa de su retiro como maestra. Por ahora, se maneja con lo que acumuló por seguro social antes de trabajar en el Departamento de Educación y con cupones a los que tiene derecho por la adopción de los niños.
“Mejor que se quede así. Poquito a poco iré arreglándolo. El Gobierno todavía no me ha depositado nada de lo que me deben del retiro. Me retiré hace 18 meses y todavía no me han depositado, pero con lo que tengo, yo me defiendo. No me quejo. Me quejo solamente porque ellos (los niños) se merecen más. La nena grande ya es una señorita, que me gustaría que tuviera su cuarto, la otra está más grandecita y, ¿tú me entiendes? Es difícil”, expuso.
El temor por perder la custodia de los menores también la frena de insistir en procurar las ayudas a las que tiene derecho.
“Ese es mi temor, que me quiten los nenes. Entonces, ahí yo muero. Por todo eso, ahí yo me aguanto”.
El miedo que enfrentan algunas madres y custodias de que el Departamento de la Familia intervenga removiendo menores por negarse a permanecer en refugios, pedir ayuda o aceptar las alternativas de movilización provistas, la abogada de Ayuda Legal Verónica González, estableció que se trata de un riesgo real.
Explicó la agencia puede remover niños por situaciones de maltrato y, si los niños no están en condiciones adecuadas de vivienda, Familia entiende que es maltrato.
“La obligación del Departamento de la Familia y la política pública es mantener las familias unidas, y cuando las separa, reunificarlas. Yo no creo que el Departamento de la Familia esté en posición para reclamarle a una familia que sufrió daños y que no ha recibido ayuda porque la casa no está en condiciones. No puede ser que la primera alternativa sea la remoción. No pedir ayuda (al Gobierno) puede ocasionarle mayores problemas, pero si eso ocurre, sería realmente escandaloso”, señaló.
En el casco urbano de Ponce, frente a una residencia de dos pisos que fue construida en 1918, está Elí Antonio Rivera Morales, de 65 años. También tiene todavía un toldo azul sobre la parte del techo que voló con el huracán María. No se lo dio FEMA, sino una iglesia que pasó por su calle días después del huracán.
El terremoto desprendió de la estructura unas columnas del balcón del segundo piso, las cuales el hombre, que vive solo, intentó amarrar con unas cadenas. No luce como un remedio muy eficaz, pero para el handyman, que vive allí desde que nació en 1954, es mejor que nada. Desde que empezaron los temblores en el sur, duerme en un matre que colocó en la caja de su guagua de trabajo. Con la mejor de las actitudes dentro de la adversidad, dice en tono de chiste, pero serio, que allí duerme mejor que antes, con el frío de la noche como si tuviera un acondicionador de aire muy potente, y que si hubiese sabido que era así, hubiese mudado su cama antes.
Rivera Morales tampoco tiene intenciones de pedirle ayuda a FEMA, ni a nadie. “¿Pa’ qué?”, cuestionó.
“Para María, FEMA lo único que me puso fue un papel ahí que era para una revisión de la casa y con el tiempo se fue deshaciendo y deshaciendo hasta que ya no se leía lo que decía”, contó al explicar que nunca volvió el personal de la agencia federal.
“No me dieron nada. Y ahora, yo no solicité nada. Si a lo mejor, yo voy, solicito, y cuando doy la espalda, agarran los papeles y los echan al zafacón. Yo no confío en nadie. Yo me puedo resolver por mí mismo”, afirmó.
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Falta de confianza, resignación y autogestión ante la ineficiencia del Gobierno
Esta falta de confianza y actitud de resolver los problemas de vivienda por su cuenta, aun cuando las personas tienen derechos que deben ser protegidos por el Estado, están enraizadas en experiencias pasadas, según analizaron cuatro expertas en psicología, salud mental y acceso a la vivienda.
La psicóloga clínica Yarimar Rosa Rodríguez explicó que el tiempo que les toma a las autoridades gubernamentales responder a la emergencia provoca inercia e incertidumbre. Tal es el caso de Yahaira Santiago y César Rodríguez Velázquez, cuyas casas ya fueron declaradas inseguras, pero aún esperan información oficial para poder tomar el próximo paso para la resolución de su problema de vivienda.
“Para estas personas, no ha habido cierre. El duelo por la pérdida está ahí, pero mientras te mantienen a la espera, no pueden cerrar y moverse a lo próximo. Como país, llevamos casi tres años en duelo”, apuntó la investigadora del Instituto de Investigación Psicológica de la Facultad de Ciencias Sociales de Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
En términos de salud mental, la especialista catalogó la situación como una de estrés endémico, debido a los eventos persistentes y repetitivos. Una de las fases de este proceso es la resignación, y así lo explicaba en 1982 el psicólogo Marc Fried en su artículo académico “Estrés endémico: la psicología de la resignación y la política de la escasez”. Estableció que, cuando el Estado no tiene una respuesta que les permita a las personas obtener y consolidar sus necesidades básicas, la gente se resigna.
“El cuerpo va a decidir en dónde va a hacer la mayor inversión de energías. Si la inversión de mis energías y mi tiempo para ir donde el Estado a tratar de suplir mis necesidades es extremadamente grande y no va a obtener resultados, mi propio cuerpo y mis propias cogniciones van a optar por protegerse y va invertir su energía en los espacios donde reciba algún nivel de respuesta”, explicó Rosa.
Así, aunque de manera fragmentada y con muchas dificultades, las personas, a nivel individual y familiar, de forma colectiva en las comunidades y las organizaciones, están asumiendo la tarea de suplirse parte de esas respuestas.
El acompañamiento emocional y psicológico puede ser de gran ayuda en estas situaciones, según catalogó Elithet Silva Martínez, catedrática asociada de Trabajo Social en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. “Pero, ese acompañamiento no resuelve necesariamente la urgencia concreta de tener un techo seguro donde estar”, observó la especialista al subrayar que muchas de las personas que se enfrentan al doble trauma de perder sus hogares múltiples veces provienen de experiencias de exclusión social, empobrecimiento y opresión, y han sido sobrevivientes de otro tipo de experiencias traumáticas.
La psicóloga comunitaria y catedrática de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, Blanca Ortiz, resaltó los esfuerzos de autogestión que han germinado en las comunidades en contraposición al fracaso del Gobierno en atender la emergencia y garantizar los derechos de las personas. A falta de un plan que promueva la agilidad y eficiencia en la respuesta, señaló, se genera la falta de confianza y las respuestas comunitarias ante la ausencia de un Estado que cumpla con su responsabilidad.
“Aquí lo que tenemos es un Estado que no ha podido manejar efectivamente las dos emergencias más grandes que hemos vivido en los últimos 100 años. Encima, ha lucrado al sector privado con esos desastres, así que desde la psicología comunitaria, [la autogestión] es la respuesta apropiada porque las respuestas del Gobierno no nos dan otra opción”, evaluó Ortiz.
Para González, la idea de resolverse por su cuenta es común entre gente que lo ha tenido que hacer anteriormente, y aunque con mucha dificultad, han logrado hacerlo en el pasado y creen que pueden hacerlo en el futuro.
“Eso también hay que respetarlo, el proceso de autogestión, que es históricamente importante en Puerto Rico. El problema, a mí me parece, es que dejemos pasarle al Estado que no cumpla con su obligación porque aquí el responsable de que estas personas estén en un estado de vulnerabilidad es que, en Puerto Rico, el acceso a la vivienda digna es casi inexistente para las personas de escasos recursos y la gente resuelve como ha podido”, argumentó González.
Por eso, Rosa, Ortiz y González coincidieron en que el proceso de autogestión para sobrevivir tiene que ir de la mano con demandar y exigir que el Gobierno cumpla con su responsabilidad.
González también responsabilizó al Gobierno estatal y a FEMA del desconocimiento de muchas personas sobre las ayudas a las que tienen derecho y cómo solicitarlas.
Explicó que una de las situaciones más frecuentes entre personas que habitan una casa para la que no tienen escrituras o titularidad es que piensan que no tienen derecho a reclamar ayuda por los daños sufridos aunque la norma de FEMA no exige tales documentos para ser elegible para Asistencia Individual.
“La propia reglamentación de FEMA establece que el dueño de la propiedad es el dueño legal, pero también lo es la persona que vive allí, paga renta y es responsable de su mantenimiento, o quien tiene un derecho de uso de por vida, como sería un usufructo”, enumeró González.
Cada situación se puede reclamar mediante un documento alternativo aprobado por FEMA que es una declaración bajo juramento so pena de perjurio y que no requiere ser juramentada ante un notario.
Al ser abordado sobre este tema, el coordinador federal de recuperación por desastre de FEMA en Puerto Rico, Alex Amparo, dijo que el mecanismo que FEMA aceptó para otorgar ayudas por daños a viviendas en el huracán María también sería válido para el desastre por terremotos.
Indicó que FEMA tiene personal en 16 municipios afectados por los sismos, un total de 771 personas dedicadas a trabajar la emergencia. Hay centros de recuperación de desastre ubicados en Guánica, Guayanilla, Peñuelas, Ponce, Utuado, Yauco y Villalba, Lares, Lajas, San Sebastián y Jayuya, a donde los afectados pueden llegar para procurar ayuda individualmente.
FEMA informó que hasta el 18 de febrero se habían recibido 29,473 solicitudes de ayuda, para las cuales ya se han aprobado cerca de $16 millones, de los cuales $14.8 millones han sido destinados para reparación de viviendas.
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