Elías Sánchez Sifonte y Edwin Miranda Reyes, allegados ambos al renunciante gobernador Ricardo Rosselló Nevares se ampararon en la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, para no autoincriminarse al entregar sus teléfonos móviles al Departamento de Justicia.
La División de Integridad Pública del Departamento de Justicia realiza una investigación a los integrantes de un chat privado de Telegram de Rosselló Nevares, para determinar si hubo o no la comisión de delitos en el mismo.
José Andreu Fuentes, se amparó en la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos para así evitar entregar su teléfono celular y no autoincriminarse.
“La pretensión del gobierno, con el mero acto del señor Sánchez Sifonte comparecer y producir el dispositivo digital, sin que esta parte conceda ninguno de estos hechos, es lograr confirmar en una investigación criminal en contra del compareciente que, como cuestión de hecho, él (a) posee un dispositivo móvil digital (b) al cual tiene acceso y mantiene bajo su control y dominio (c) en el cual instaló la aplicación Telegram, (d) aplicación que utilizó (e) para acceder a una conversación grupal denominada (“WRF) (f) conversación de la cual participó y (g) que todo ello es correcto y auténtico, incluyendo esta información y toda otra información que pueda encontrarse en dicho dispositivo móvil digital que se pretende que el compareciente produzca. Se trata de cuestiones fácticas que surgirán del mero acto del señor Sánchez Sifonte cumplir con el requerimiento que recibió bajo pena de desacato y que conlleva una clara y directa violación a sus derechos constitucionales al amparo de la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y de la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo el Artículo II, Secciones 1 y 11”, reza la moción, presentada en el Tribunal Superior de San Juan por los licenciados José Andreu Fuentes (abogado de Elías Sánchez) y Kendys Pimentel Soto (quien representa a Miranda Reyes).
Ambas mociones dan cuenta de que “la orden de comparecencia y producción resulta inconstitucional por requerir bajo coacción del gobierno información del individuo que constituye testimonio que podría utilizarse en su contra o que llevaría al hallazgo de evidencia que podría utilizarse en su contra”.
Miranda Reyes pidió además que se dejara sin efecto la entrega de su teléfono celular al entender que el procedimiento, también es inconstitucional.
El Departamento de Justicia comenzó la investigación el 2 de agosto de 2019. Se hicieron solicitudes para entregar los teléfonos a las 12 personas que participaban en el chat.
Estos son: Ricardo Rosselló Nevares, Raúl Maldonado Gautier, Ricardo Llerandi Cruz, Carlos Bermúdez Urbina, Alfonso “Falfo” Orona, Christian Sobrino, Rafael Cerame, Luis Gerardo Rivera Marín, Anthony Maceira, Ramón Rosario, Elías Sánchez Sifonte y Edwin Miranda.
Justicia acudió al Tribunal a solicitar un remedio judicial, luego de que Elías Sánchez Sifonte y Rafael Cerame se negaran a comparecer al Departamento o a entregar los teléfonos.
El chat de 889 páginas fue el último eslabón de la cadena de eventos que culminó en la renuncia de Rosselló Nevares el pasado 2 de agosto a las cinco de la tarde.
