Unos 13 agentes de la División Marítima de Cabo Rojo del Negociado de Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) fueron puestos en cuarentena preventiva luego de que uno de los hombres detenidos ayer al suroeste de Desecheo arrojara positivo a la prueba de COVID-19.
El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Pedro Janer, y el comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera Rivera, informaron el miércoles que agentes de FURA incautaron unos 323 bloques de cocaína con peso de 393.1 kilos.
La droga está valorada en más de $8 millones.
“Una vez más, el personal de FURA realiza un excelente trabajo en la lucha contra el narcotráfico. En el DSP continuamos enfocados en erradicar los elementos ilegales que abonan a la violencia y el crimen en nuestras calles, tal como ha sido el compromiso de la gobernadora Wanda Vázquez Garced y este servidor”, manifestó el secretario en comunicado de prensa.
Según se informó, la intervención ocurrió aproximadamente a las 12:30 a.m. y se trabajó en coordinación con la Oficina Federal de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
Los agentes divisaron una embarcación de fabricación casera, color azul de 19 pies de eslora con un motor 75 caballos de fuerza. A bordo de la embarcación se encontraban cinco individuos que arrojaron fardos de sustancias controladas al agua. Los sujetos, procedentes de la República Dominicana, fueron arrestados.
“El personal del FURA realizó esta intervención de acuerdo a los protocolos establecidos. Reconozco el compromiso y la responsabilidad con la que cada uno de los compañeros realiza sus funciones. El plan de trabajo contra el narcotráfico continúa activo y permanecemos vigilantes. Recordamos a la ciudadanía que puede informar confidencialmente cualquier situación que entienda sea parte de la comisión de un delito llamando al (787) 343-2020", añadió Escalera Rivera.
En la intervención brindó cooperación el personal de la Administración Federal para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
Las autoridades federales, a través del Carribean Corridor Strike Force (CCSF), asumieron la jurisdicción del caso.
