Exdirector de Instalaciones en Toa Baja se declara culpable

Se declaró culpable de soborno y conspiración.

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La fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez Vélez informó el jueves, que Edgar Arroyo Amezquita se declaró culpable ante el juez Silvia Carreño-Coll de soborno y conspiración para obtener la propiedad por el fraude de un programa que recibe fondos federales, anunció, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

Como parte de la declaración de culpabilidad, Arroyo admitió que se desempeñó como director de Instalaciones para el Municipio de Toa Baja durante el tiempo de la conspiración, que era desde mayo de 2011 hasta mayo de 2013.

En su cargo de director de Instalaciones, Arroyo conspiró para defraudar al municipio y aceptado múltiples sobornos, pagados en efectivo y por un total de 39,999 dólares, a cambio de la causa que se adjudiquen contratos y los pagos a realizar por el municipio de Toa Baja para enriquecer coacusado Luis Serrano Perdigon.

Como parte de la conspiración, Arroyo presentó personalmente la documentación fraudulenta cita a la oficina de compras del Municipio de Toa Baja uso de una empresa ficticia denominada Profesional de Ventas y Servicio. De este modo, Arroyo utilizó, sin el permiso o autorización legal, el nombre y la firma de una persona real en la documentación fraudulenta presupuesto presentado a la municipalidad. Arroyo entonces causó cheques que se emitan por la municipalidad a profesional de ventas y servicio, que fueron depositados en una cuenta bancaria a nombre de la ELA Electronic Service, una empresa supuesta para ser controlado por el codemandado Luis Serrano Perdigon.

La sentencia ha sido programada antes de la Honorable Carmen C. Cerezo, el 5 de diciembre de 2018. Arroyo y los Estados Unidos han puesto de acuerdo para recomendar una pena de prisión por un período de 30 meses y la restitución de la cantidad total de 39,999 dólares.

Arroyo se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión por conspiración para la obtención de la propiedad por el fraude de un programa que recibe fondos federales y una pena máxima de 10 años de prisión por soborno en relación con los programas que reciben fondos federales.

El caso está siendo procesado por el fiscal federal adjunto Seth Erbe y fue investigado por la Oficina Federal de Investigaciones.

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