La presidenta del Colegio de Abogados, Daisy Calcaño López, le pidió este sábado al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia que incluya en una sesión extraordinaria enmendar la Ley 52-2022, porque a su juicio ha puesto a los notarios a hacer el trabajo de los empleados del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM).
“El llamado a la Asamblea Legislatura es que atiendan este asunto con la urgencia requerida. Esperar a la sesión ordinaria de mediados del mes de agosto tiene un costo económico para todas las partes especialmente para los constituyentes”, dijo Calcaño López en declaraciones escritas.
Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.
Según Calcaño López las enmiendas a la Ley Notarial son similares a las contenidas en el Proyecto de la Cámara 827, que fue protagonista de la controversia entre los presidentes legislativos durante la aprobación del presupuesto.
Además expuso, que las enmiendas a la Ley Notarial tienen su génesis en la actualización de las tasaciones de los inmuebles que le están requiriendo al CRIM.
A juicio de la licenciada, la Ley para la Estabilización de las Finanzas Públicas de Puerto Rico “impone una carga onerosa en el proceso de disponer del título de los bienes inmuebles”.
El Artículo 86 de la medida, dispone que, en toda transacción de compraventa, donación, cesión, permuta, traslado, segregación o agrupación se requiera una tasación de la Propiedad inmueble realizada por un tasador licenciado, estudio de título y un plano de mensura (plot plan).
Como consecuencia, varias transacciones de bienes raíces se paralizaron.
“Esta medida no debió incluir esa enmienda a la Ley Notarial. El efecto es que impone un costo oneroso a la ciudadanía que desea vender su propiedad y se ve obligada a contratar un agrimensor y un tasador. Más aun, trastoca inclusive a municipios y al Departamento de Vivienda cuando otorga las escrituras de viviendas y solares de interés social.
Calcaño añadió que la disponibilidad de contratar tasadores y agrimensores, en estos tiempos es difícil.
“Sin lugar a duda, una enmienda de esta naturaleza incluida en la etapa de conferencia entre los dos cuerpos legislativos, sin informarlo a la ciudadanía, a los y las afectados, es una práctica lesiva que va en detrimento al sano ejercicio de la democracia. Ello, sin menoscabar la soberanía de los cuerpos legislativos”, concluyó.
