Departamento de Agricultura

Extienden vigencia de certificación de agricultor bonafide

Hasta el 30 de junio.

El secretario designado del Departamento de Agricultura de Puerto Rico (DA), Ramón “Pirul” González Beiró, anunció este lunes, la firma de la Orden Administrativa 2021-1ª que extiende la vigencia de la certificación de Agricultor Bonafide hasta el 30 de junio de 2021.

“En mi compromiso y a tono con las prioridades del gobernador, Pedro Pierlusi, con la agricultura, extendemos la vigencia de la certificación de agricultor bonafide, siendo una herramienta esencial para el desarrollo, crecimiento y promoción de la producción agrícola de Puerto Rico. Es un instrumento destinado a fomentar el desarrollo económico de la Isla” expresó el secretario designado en comunicación escrita.

El 1 de julio de 2019 fue aprobada la Ley número 60, Código de Incentivos de Puerto Rico, esta derogó la Ley 225-1995 adoptando disposiciones para que los agricultores sean certificados como bonafide y así beneficiarse de los incentivos conferidos por dicha ley.

“En momentos en que el país se encamina a la reconstrucción de su economía es vital que se utilicen todas las herramientas y los recursos que permitan el desarrollo económico sustentable para la industria de alimentos y seguridad alimentaria”, agregó.

Mediante la firma de la orden administrativa se dispone a continuar la evaluación y certificación de agricultores bonafide bajo los procedimientos y los requisitos hasta ahora impuestos, exceptuando el cambio en el porcentaje de ingreso bruto agrícola requerido (51 por ciento o más), por el nuevo Código de Incentivos y obviando los requisitos relacionados a los 6 principios rectores que había establecido la Ley 225-1995.

Las actividades elegibles que podrán ser certificadas como agricultor bonafide serán aquellas establecidas en la Sección 2081.01 de la Ley 60-2019 y otras que disponga el Secretario de Agricultura.

González Beiró sostuvo que el Departamento continuará otorgando los diferentes beneficios e incentivos que le brinda a los agricultores hasta tanto haya un cambio en la regulación o la política pública establecida. Las solicitudes para la certificación que se reciban a partir del 1 de enero de 2020 podrían ser aprobadas por un término de un año hasta tanto la reglamentación disponga algún término diferente.

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