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Federales acusan a tres hombres por supuesta trata de aves migratorias

Según la acusación, los imputados traficaban búhos.

Back of FBI agent's jacket

El fiscal federal W. Stephen Muldrow informó el jueves que un gran jurado federal acusó a tres hombres de supuesta conspiración para participar en el comercio ilícito de aves migratorias; venta, oferta de venta y trueque de aves migratorias (Ley del Tratado de Aves Migratorias); y tráfico de vida silvestre (Ley Lacey).

“El tráfico ilegal de aves migratorias representa una seria amenaza para nuestros ecosistemas”, dijo Muldrow en comunicación escrita. “Felicito al Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, la Oficina de Aplicación de la Ley y al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales por su investigación de este asunto. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos continuará procesando enérgicamente a aquellas personas que participan en la venta ilegal de vida silvestre protegida”, añadió.

Los acusados ​​fueron arrestados el 13 de enero de 2021 por agentes del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, la Oficina de Cumplimiento de la Ley y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

Los imputados y los cargos son los siguientes: Carlos David Flores Ríos, alias “Carlos Flores Ríos” quien enfrenta un cargo de conspiración; cinco cargos por vender, ofrecer para vender y canjear aves migratorias, específicamente búhos de orejas cortas (Asio flammeus); y un cargo por tráfico de vida silvestre. Edgardo Marín Candelaria enfrenta un cargo de conspiración y un cargo por tráfico de vida silvestre. Marín Candelaria vendió dos búhos chico sabiendo que los búhos habían sido capturados en violación de la Ley de Aves Migratorias. Y Misael Cruz Rivera enfrenta un cargo por vender, ofrecer vender e intercambiar aves migratorias, específicamente un cernícalo americano (Falco sparverius).

Según la acusación, el propósito de la conspiración era que los imputados se enriquecieran injustamente mediante el tráfico, captura, captura, venta y trueque de aves migratorias. Los acusados ​​y co-conspiradores capturaron y poseyeron aves migratorias; los retenía ilegalmente en viviendas temporales; ofreció las aves a la venta en grupos de chat privados de Internet; vendió las aves a compradores locales; negoció el precio de las aves, pagó y recibió pagos por el tráfico de aves migratorias en Puerto Rico y otros lugares.

“La Oficina de Cumplimiento de la Ley del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos persigue activamente a quienes buscan obtener ganancias de la explotación comercial ilegal de nuestros recursos naturales. Estas actividades delictivas dañan especies en peligro y ecosistemas frágiles en todo Puerto Rico y el Caribe. Continuaremos trabajando con nuestros socios para llevar ante la justicia a aquellos que deliberadamente ignoran las leyes ambientales”, dijo Aurelia Skipwith, directora del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos.

“Los vendedores y posibles compradores de estos animales saben que las Autoridades Federales junto con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) realizan investigaciones sobre la posesión y venta de estas especies. Es ilegal, representan una amenaza para la flora y fauna de Puerto Rico y lo que es más preocupante, incluso podrían representar un peligro para la vida de las personas. Exhortamos a la ciudadanía a no patrocinar estos negocios ilícitos, ya sea poseyéndolos o comprándolos”, afirmó el secretario de Recursos Naturales y Ambientales, Rafael Machargo.

La fiscal federal adjunta Carmen Márquez Marín está a cargo del procesamiento del caso. Si son declarados culpables, los acusados ​​podrían enfrentar una pena máxima de prisión de cinco años y una multa máxima de 250,000 dólares por la conspiración para participar en el comercio ilícito de aves migratorias y cada cargo de la Ley Lacey; y hasta dos años de prisión y una multa máxima de hasta 250,000 dólares por cada cargo de la Ley de Aves Migratorias.

Las acusaciones contienen solo cargos y no son evidencia de culpabilidad. Se presume que los acusados ​​son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad.

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