El fiscal federal W. Stephen Muldrow junto al director de la Agencia Federal de Investigaciones (FBI), Rafael Riviere-Vázquez anunciaron este jueves que un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación de seis cargos contra 16 acusados de supuesta conspiración para poseer con la intención de distribuir sustancias controladas.
La acusación alega que desde el año 2015, la organización narcotraficante distribuyó heroína, base de cocaína (crack), cocaína y marihuana en los Proyectos de Vivienda Pública Andrés Méndez Liceaga y Hacienda San Andrés en el municipio de San Sebastián, todo con fines lucrativos y ganancias. Los 16 acusados actuaron en diferentes roles con el fin de promover los objetivos de la organización, a saber: líderes, ejecutores, corredores, vendedores y facilitadores.
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Nueve de los acusados son familiares.
Según informan, como parte de la conspiración, los integrantes de la banda de narcotraficantes establecieron puntos de droga que se movían dentro de diferentes áreas dentro de los proyectos de vivienda pública para evitar ser detectados por la policía. Algunos co-conspiradores recolectaron las ganancias de las ventas del narcotráfico y viajaron dentro del municipio de San Sebastián y otras áreas cercanas para entregar las ganancias a los líderes de la organización. Los imputados tuvieron acceso a diferentes vehículos para transportar dinero, narcóticos y armas de fuego.
Alegadamente, en diferentes momentos durante la conspiración, los líderes proporcionaron a los miembros de la organización diferentes tipos de armas de fuego para protegerse a sí mismos, los narcóticos y sus ganancias. Los co-conspiradores utilizaron la fuerza, la violencia y la intimidación para mantener el control de las áreas en las que operaban. Ocho acusados enfrentan un cargo de posesión de armas de fuego en cumplimiento de un delito de tráfico de drogas. Todos los acusados enfrentan una acusación de decomiso de narcóticos de $10 millones.
El fiscal federal auxiliar Enrique Silva y la fiscal federal auxiliar especial Cristina Caraballo Colón del Departamento de Justicia de Puerto Rico están a cargo del procesamiento del caso.
Si son declarados culpables, los acusados enfrentan una sentencia mínima de 10 años y hasta cadena perpetua.
