La jueza Iraida Rodríguez Castro, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto este jueves contra el exidrector de la Autoridad de Transportación Marítima (ATM), Juan Maldonado, y el excontratistas Aaron Vick, en el caso relacionado con la compra de las pruebas de COVID-19.
Los cargos que enfrentan son: falsificación de documentos, traspaso de documentos falsificados, tentativa de fraude, intervención ilegal en procesos gubernamentales y falsedad ideológica.
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“Recibimos hace un día y medio un documento suscrito por los fiscales del FEI, indicando que se disponen a radicar cargos criminales. Desconozco cuáles son las alegaciones, desconozco cuáles son las circunstancias que han provocado este trámite y lo vamos a enfrentar con absoluta tranquilidad, sostenido en que mi representado no ha incurrido en ningún delito”, dijo a este medio la licenciada López Mulero, antes de la vista.
DECLARACIONES DE LA EXGOBERNADORA, WANDA VÁZQUEZ
“Puerto Rico, la pandemia del COVID-19 es una emergencia nunca antes vivida por nuestro pueblo y en todo momento lo que guió a todos los funcionarios, fue la importancia de tomar acciones encaminadas a adquirir pruebas y lo necesario para proteger y salvar la vida de todos los puertorriqueños.
Hoy se confirma lo que les expresé en una ocasión: “Bajo mi administración en esta situación, ningún funcionario público obró en contra de la ley”. Hoy el tiempo, una vez más nos da la razón.
Mi gestión al igual que la de los funcionarios públicos y los miembros del excelente Task Force Médico, estuvo guiada exclusivamente por la honestidad, lo correcto y sobretodo en la búsqueda de salvar vidas.
A quienes se cegaron por faenas políticas y personalistas hoy les corresponde retractarse por haber hecho un juicio político y público contra servidores y personas íntegras al servicio de Puerto Rico”.
FEI DETERMINA RADICAR CARGOS POR COMPRA DE PRUEBAS FATULAS DE COVID-19
Los licenciados Ramón M. Mendoza Rosario, Manuel Núñez Corrada y Juan E. Catalá Suárez anunciaron el miércoles que luego de concluir su investigación sobre el caso relacionado con la compra de las pruebas COVID-19, determinaron presentar cargos criminales.
El Panel había evaluado las declaraciones juradas en el sumario fiscal remitido por Justicia. De ellas surge que varios funcionarios y personas, sin autoridad legal, intervinieron indebidamente con procesos de compras y adquisiciones claramente reguladas. Ello incluyó el ejercicio de presión indebida sobre la entonces secretaria interina de Salud para que firmara en 20 minutos una orden de compra millonaria sin seguir el análisis y rigor que la normativa exige.
Aunque el referido inicial incluía a la gobernadora Wanda Vázquez Garced y otros funcionarios, el PFEI -según el récord ante su consideración-, centró la investigación encomendada sobre Lilliam Sánchez, Subsecretaria de la Gobernación; Mabel Cabeza, funcionaria de La Fortaleza adscrita al Task Force Medico de COVID, General José Burgos, pasado comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias; y el licenciado Juan Maldonado, como posible coautor.
No obstante, el Panel fue especifico que ello no conlleva eximente de responsabilidad sobre varios funcionarios mencionados en la Resolución emitida. Según establece su ley habilitadora, no habrá impedimento para que los FEI determinen ampliar su investigación sobre estos, de obtenerse el quantum de prueba mediante el cual puedan presentar un caso ante los tribunales contra las restantes personas que menciona Justicia en su Informe.
