El gobernador Pedro Pierluisi anunció este martes la distribución de los $4,020 millones asignados a la Isla como parte de la ley federal del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés).
El gobernador, junto al secretario de Estado, Omar Marrero, el secretario de Hacienda, Francisco Parés y el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco, detalló que el gobierno recibió $2,470 millones que se enfocarán en desarrollo económico, calidad de vida, gobierno de excelencia y proyectos futuros. Además, los municipios también recibirán directamente $1,550 millones.
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“En esta etapa estaremos dando prioridad al desarrollo económico de Puerto Rico, y la calidad de vida del pueblo. Hemos establecido una estrategia a largo plazo enfocada en la recuperación económica y social tras los efectos que ha dejado la pandemia en nuestra Isla. El compromiso de este gobierno es que se administren estos fondos en cumplimiento con las guías federales establecidas, con transparencia y rendición de cuentas”, sostuvo el gobernador en conferencia de prensa.
Por su parte, el secretario de Estado destacó que esta segunda ronda de distribuciones establece las prioridades del gobernador y las necesidades que se han identificado a poco más de un año de la pandemia en Puerto Rico.
“Se invertirá en nuestra infraestructura y en garantizar la prestación de servicios del gobierno. Como lo hemos hecho desde un principio, trabajaremos mano a mano con los diferentes sectores, agencias, municipios y corporaciones públicas para colaborar en los procesos correspondientes, conforme a los parámetros establecidos por el Departamento del Tesoro federal”, expresó Marrero, quien también es director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).
En lo que respecta al desarrollo económico, con $150 millones se incentivará el retorno al trabajo en el sector de la construcción ($30 millones), industria de restaurantes y bares ($50 millones), el sector agrícola ($50 millones ), y la cadena de distribución y hotelería ($20 millones).
Asimismo, se destinarán $120 millones para fomentar a Puerto Rico como destino turístico, atraer conferencias y eventos a la Isla y revitalizar las atracciones turísticas y recursos naturales. Por tanto, de esta cantidad de dinero, se utilizarán $50 millones para la promoción de Puerto Rico como destino, $20 millones para incentivar el turismo interno, $10 millones para fomentar el entretenimiento y convenciones y otros $10 millones para mercadear la Isla como destino de inversión. También, $30 millones para revitalizar atracciones turísticas, recursos naturales y balnearios.
El gobernador informó que, en la segunda fase de distribución de fondos, se destinarán $250 millones para futuras iniciativas estratégicas enfocadas en desarrollo económico.
En torno a calidad de vida se distribuirán $570 millones entre pagos a trabajadores esenciales del sector público y privado. De este dinero, $250 millones son para reconocer con pagos de “premium pay” a los trabajadores esenciales del sector público y privado que han sido fundamentales en la respuesta al COVID-19. Esto incluye a los empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación, del Departamento de Salud y los hospitales bajo su administración, así como los hospitales privados y Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT). Otros $20 millones están destinados a reforzar la vigilancia genómica, $10 millones para recompensar a las personas vacunadas contra el COVID-19 y $1.5 millones para crear un certificado digital de vacunación de los participantes.
Otros $30 millones se destinarán para las organizaciones sin fines de lucro y $15 millones para garantizar accesibilidad a servicios de ASSMCA e instituciones privadas. Asimismo, $15 millones para los centros de asistencia a la tercera edad y $15 millones para los Centros de adopción y de familia. Hay una reserva de emergencia de $213.5 millones destinada a futuras iniciativas estratégicas.
De los $555 millones de gobierno de excelencia, $150 millones son para respaldar a los municipios, $94 millones para la Universidad de Puerto Rico y $ 50 millones para reparar y remodelar centros de servicios gubernamentales. De igual forma, y para apoyar a instituciones e iniciativas culturales, se utilizarán $50 millones a esos efectos y otros $50 millones son para reparar viviendas de familias de escasos recursos.
Asimismo, con $25 millones se proporcionarán subvenciones a todos los hospitales públicos para mantener la liquidez y con $15 millones se proveerán recursos para facilitar el acceso de los ciudadanos a la justicia incluyendo la protección de testigos y mejoras al albergue de víctimas. Tanto la Rama Legislativa como la Judicatura recibirán $20 millones cada una para sus respectivas necesidades, que serán divididos en dos años. La reserva de emergencia en este renglón de gobierno de excelencia es de $81 millones.
Mientras, de $600 millonesenfocados en proyectos futuros, $276.8 millones son para reparar los daños estructurales de las instituciones educativas, $130 millones se utilizarán para invertir en proyectos de acueductos y alcantarillados en el Caño Martín Peña, y $100 millones para el mantenimiento de carreteras. También, $27.8 millones para reparar los daños en estaciones de bombeo de agua que mantiene el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para proteger a las comunidades propensas a las inundaciones en caso de tormentas. Además, $10 millones para iniciativas de conservación ambiental y $55.3 millones de reserva de emergencia que se destinará a futuras iniciativas estratégicas.
Los usos elegibles de estos fondos son para apoyar la respuesta de salud pública, sustituir la pérdida de ingresos en el gobierno, realizar inversiones necesarias para mejorar el acceso a agua potable, abordar los impactos económicos negativos del COVID-19, el pago de “Premium Pay” a los trabajadores esenciales y la infraestructura de banda ancha.
El Comité de Supervisión de Distribución del Coronavirus Relief Fund (CRF), el cual preside el director ejecutivo de la AAFAF, estará a cargo de supervisar los desembolsos y, a su vez, asegurar el cumplimiento acorde con los estándares del Plan Estratégico y la Ley ARPA.
