El gobernador , Ricardo Rosselló Nevares, reaccionó en la tarde del sobre la demanda radicada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para hacer valer su directriz de reducir la jornada laboral de los empleados públicos y recortar las pensiones.
“Nuestra Administración ha sido clara en que una reducción de la jornada laboral de los empleados públicos es innecesaria debido a que el Gobierno de Puerto Rico ha logrado los ahorros certificados por la propia Junta de Supervisión Fiscal, ha comenzado la implementación de las reformas necesarias y está encaminado al cumplimiento del Plan Fiscal certificado por el propio organismo federal. Además, la reducción de jornada laboral propuesta tendría un efecto adverso en la economía de la Isla, lo que representa una contradicción con el objetivo común de la Junta y el Gobierno: facilitar el desarrollo económico de la Isla.
La medida afectaría a 130,000 empleados públicos y según la Junta, debería entrar en vigor el próximo 1 de septiembre.
Sin embargo, recordamos que la Sección 205 de la Ley federal PROMESA otorga discreción al Gobierno de Puerto Rico de no adoptar recomendaciones inapropiadas del organismo impuesto por el Congreso de los Estados Unidos.
''Entendemos que la Junta de Supervisión Fiscal y el Gobierno de Puerto Rico tienen diferencias sobre este tema, pero confío en que el foro judicial resolverá esta controversia conforme a derecho y en beneficio del Pueblo de Puerto Rico. Mientras tanto, nuestra Administración seguirá trabajando en la implementación de medidas para facilitar la recuperación económica de la Isla, además de lograr las economías necesarias y una mayor eficiencia en la operación gubernamental”.
