Puerto Rico

Gobernador veta medida que separaba a Turismo de otras agencias

No apoya que el proyecto pretenda cambiar funciones y facultades que actualmente tiene el DMO.

Pedro Pierluisi

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, emitió este martes, un veto expreso al Proyecto de la Cámara 14 a través del cual se propuso que la Compañía de Turismo de Puerto Rico fuera una corporación pública separada e independiente de cualquier otro departamento, agencia o instrumentalidad pública del Gobierno de Puerto Rico.

Explicó que en una carta enviada al liderato legislativo, expresó estar de acuerdo con que se respete la autonomía que, como corporación pública, la Compañía de Turismo de Puerto Rico había mantenido desde sus inicios. Sin embargo, expresó que el mecanismo propuesto no es el correcto porque “pretende cambiar funciones y facultades que actualmente tiene el DMO, restándole recursos para el mercadeo estratégico que necesita Puerto Rico para ser competitivo en el mercado turístico global”.

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El gobernador añadió que quiere colaborar con la Asamblea Legislativa para trabajar una medida legislativa que persiga los loables objetivos principales del proyecto de ley, que atienda sus preocupaciones a la vez que logre promover la autonomía que debe tener la Compañía de Turismo.

Asegura que quiere facilitar la adquisición de nuevos vehículos.

Por otro lado, firmó ocho medidas legislativas entre estas la Resolución Conjunta de la Cámara 182 que extiende por un año la vigencia de los Fondos Legislativos otorgados a municipios, agencias e instrumentalidades públicas y el Proyecto de la Cámara 24 que allega fondos a la Fundación Fondo para el Acceso a la Justicia.

Al darle paso a la Resolución Conjunta de la Cámara 182, el gobernador autorizó que se asignen a municipios, agencias e instrumentalidades públicas 5,446,865.86 dólares provenientes del Fondo de Mejoras Municipales para realizar obras y mejoras permanentes. Este dinero fue autorizado el año pasado mediante las Resoluciones Conjuntas 43 y 44 de 2020, pero debido a las medidas tomadas para controlar la pandemia del COVID-19, incluyendo el ‘lockdown’, los servicios gubernamentales se realizaron de forma remota por lo que a juicio del gobernador “es imprescindible que el dinero llegue a los municipios y a las agencias para brindar un servicio directo a nuestra gente”.

Por otra parte, y como parte de su compromiso con la Policía de Puerto Rico, el primer mandatario convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 544 para que los agentes encubiertos, comandantes de zona y auxiliares, así como los directores de varias divisiones, incluyendo la de Violencia Doméstica del Negociado de la Policía estén exentos de cumplir con la Ley 60 de 2014 conocida como “Ley Uniforme de Vehículos Oficiales del Gobierno de Puerto Rico”. La misma dispone que ningún jefe de agencia o funcionario está autorizado a utilizar cualquier vehículo oficial una vez concluida la jornada laboral y estableció que luego de concluida su correspondiente jornada laboral están obligados a entregar el vehículo oficial a la agencia.

Se mostró afectado al hablar de su nieta, a quien aseguró que cuidará durante este proceso.

“Aunque el propósito de la Ley 60 es que funcionarios de gobierno, una vez culminen su jornada de trabajo, no utilicen el vehículo oficial para dirigirse a sus hogares, en el caso del Negociado de la Policía es distinto porque sus miembros exponen su vida 24/7 para proteger a la ciudadanía”, aseveró Pierluisi.

A esos fines, el gobernador recordó que hace unas semanas se inauguró el Centro de Operaciones de Órdenes de Protección (COPOP) para centralizar y estructurar el procesamiento de órdenes de protección. También, que se han entregado más de 140 vehículos valorados en casi 7 millones de dólares para el Negociado de la Policía.

En temas de cooperativas, el gobernador firmó los Proyectos del Senado 174 y 175 para crear una emancipación legal especial para que los jóvenes de 18 años puedan solicitar y utilizar los servicios financieros de estas y puedan participar con voz y voto en las asambleas.

Por otra parte, al darle paso a la Resolución Conjunta del Senado 141, el Instituto de Estadísticas deberá, en un periodo de tres meses, realizar las gestiones pertinentes para solicitar que se incluya en el Censo de 2030 y en la Encuesta de la Comunidad de Puerto Rico, una pregunta sobre sordera y pérdida de audición. Mientras, a través de la Resolución Conjunta de la Cámara 152, se ordena la transferencia de la escuela elemental Carlos Martínez Benítez al municipio de Guayama. En torno al Proyecto de la Cámara 54 con el mismo se elimina la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas porque la mayoría de la determinación de nombres a hospitales, escuelas, urbanizaciones, carreteras, entre otros lugares, ha recaído en la Asamblea Legislativa.

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