La gobernadora Wanda Vázquez Garced, aunque se mostró en contra de la posición de la Junta de Control Fiscal (JCF) para el despido de empleados públicos para dar paso a las leyes 80, 81 y 82, dijo el martes que conocía previamente sobre la intención del ente federal.
“La semana pasada tuvimos una reunión virtual precisamente con el presidente de la Junta de Control Fiscal (David Skeel) donde también se encontraba la directora ejecutiva (Natalie Jaresko). Antes de eso tuvimos una reunión con ella donde nos había adelantado que esta era una posibilidad”, dijo Vázquez Garced a preguntas de la prensa.
“Clara y meridianamente dejo claro que aquí nosotros no vamos a aceptar ninguna suspensión de empleados públicos”, añadió.
Mencionó que “sometimos y firmamos la Ley 80, 81 y 82 porque entendíamos y hay documentación de que habían los ahorros. Además, más allá de la justicia social que se hace para todos los retirados que más que merecida la tienen. Así que en esas conversaciones hemos seguido buscando las alternativas para que los recursos se consigan y se pueda dar el retiro digno para estas personas sin el despido de empleados públicos”.
“Eso no es, ni será una opción”, recalcó la mandataria, quien aseguró le expresó al ente federal que no aceptará despidos.
Insistió, además, en que continuará con la implementación de las tres leyes que aprobó y mencionó que ya se sometieron las cartas circulares para establecer los requisitos y personas que cualifican.
“Aquel que se quiera retirar y que cualifique, pues tenemos que darle la oportunidad de que siga el proceso. El proceso ha continuado. Y máxime las conversaciones con la Junta para buscar esas alternativas para que se dé la ley 80, 81 y 82 y además de eso, que no haya suspensión de empleados públicos”, dijo la gobernadora.
La Junta de Control Fiscal informó al Gobierno de Puerto Rico que se requerirían reducciones significativas de empleados públicos -más allá de lo dispuesto en el Plan Fiscal Certificado- en aras de mitigar el costo de mayores beneficios de retiro definidos en las Leyes 80, 81 y 82.
“Si el gobierno sigue comprometido con implementar estos beneficios de retiro adicionales para los empleados del gobierno, tiene que tomar una decisión muy difícil”, dijo la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko en declaraciones escritas.
“El gobierno tendrá que recortar gastos, incluidos recortes a los policías, bomberos y otros empleados del gobierno para pagar por estas leyes”, añadió.
