El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y representante de la gobernadora ante la Junta de Control Fiscal (JCF) Omar Marrero Díaz informó el viernes, que el Gobierno de Puerto Rico presentó, seis demandas contra la JCF tras el ente federal impugnar seis leyes previamente aprobadas por el gobierno.
“Hoy, el Gobierno de Puerto Rico se vio forzado a presentar seis demandas individuales contra la JCF. Desde aproximadamente noviembre de 2019, la JSF ha impugnado seis leyes debidamente aprobadas por el Gobierno. Las razones que ha dado la JCF para impugnar e intentar invalidar unilateralmente estas seis leyes son variadas, pero todas representan una intromisión con la política pública del Gobierno y por lo tanto, una violación a la ley PROMESA”, expresó Marrero Díaz en comunicación escrita.
El jefe de la AAFAF reiteró que bajo la ley PROMESA, la JCF solo puede cuestionar nuevas leyes aprobadas por el Gobierno si: no se certifica su impacto en gastos e ingresos o su implementación es inconsistente con el plan fiscal certificado.
Para las seis leyes impugnadas por la JCF, el Gobierno sometió una certificación a tenor con PROMESA y certificó que las leyes no son significativamente inconsistentes con el plan fiscal certificado. Marrero Díaz detalló las leyes impugnadas por la JCF, y las razones para ello, son las siguientes:
Leyes 82-2019, 90-2019 y 138-2019: estas leyes regulan aspectos de precios de medicamentos, regulación de farmacias y el ejercicio de la medicina, a través de enmiendas a secciones del Código de Seguros, nuevos requisitos y oficinas regulatorios. La JCF argumenta que son inconsistentes con el plan fiscal certificado porque podrían existir leyes federales que ocupan el campo y especulan que fondos federales podrían perderse. Nada en PROMESA permite a la JCF especular sobre si una ley estatal conflige con otras leyes federales. Por lo tanto, esta no es una razón válida bajo PROMESA para impugnar leyes aprobadas por el gobierno electo.
Ley 176-2019: revierte la tasa de acumulación de licencias de vacaciones y enfermedad de los empleados públicos a la tasa de acumulación existente previo a la Ley 26-2017. Además, se mantienen los máximos de acumulación. La JCSF impugnó esta ley argumentado que es inconsistente con el plan fiscal certificado porque el gobierno no proveyó un “análisis de productividad” de los empleados públicos para determinar si la nueva tasa de acumulación de licencias afectará los servicios y los recaudos. Esta no es una razón válida bajo PROMESA para impugnar leyes.
Ley 181-2019: provee para un aumento de salario para empleados del Negociado de Bomberos y provee una fuente de ingresos para sufragar ese aumento. La JCF impugnó esta ley argumentando que el estimado de gastos e ingresos provisto por el gobierno es “especulativo” por estar basado en supuestos. Por definición, todo estimado está basado en supuestos, y un estimado de gastos e ingresos es lo único que exige PROMESA al momento de certificar una ley. Por lo tanto, la razón aducida por la JSF en cuanto a esta ley tampoco es un argumento válido bajo PROMESA para impugnar leyes.
Ley 47-2020: provee incentivos y créditos contributivos para profesionales de la salud, en aras de promover que estos profesionales se queden en Puerto Rico, particularmente durante estos tiempos de crisis ocasionado por el COVID-19. La JCF impugnó esta ley, ya que difiere de las razones de política pública que la Asamblea Legislativa y la gobernadora tuvieron para aprobarla. Además, la JCF cuestionó los estimados de ingresos y gastos que certificó el gobierno. Estas no son razones válidas bajo PROMESA para impugnar leyes, particularmente en cuanto al cuestionamiento de la JSF sobre la política pública que tuvo el gobierno para aprobar la Ley.
El funcionario insistió que todas estas leyes fueron válidamente aprobadas por la Asamblea Legislativa y el Gobierno de Puerto Rico.
“El Gobierno cumplió cabalmente con el proceso que establece la sección 204 de PROMESA para certificar a la JCF el cumplimiento de estas leyes con el plan fiscal certificado. Sin embargo, la JCF ha decidido actuar fuera del marco legal que provee PROMESA, y ha impugnado estas leyes, declarándolas nulas unilateralmente. Ello ha ocasionado incertidumbre en el ordenamiento legal vigente. Ante ese escenario, el gobierno no tuvo otra alternativa que llegar hasta los tribunales. Ciertamente, nuestra administración hubiera preferido no tener que recurrir a esta vía, pero es importante que se clarifique hasta dónde llegan los poderes de la JCF y hasta dónde llegan los del gobierno”, señaló el representante de la gobernadora ante la JCF.
Marrero Díaz destacó que el Congreso de Estados Unidos fue claro en que, bajo PROMESA, el gobierno de Puerto Rico mantiene sus poderes para establecer la política pública.
“La obstinación de la JCF con inmiscuirse en asunto de política pública nos ha traído hasta aquí. El proceso de reestructuración de la deuda de Puerto Rico no podrá continuar hacia delante de manera eficiente mientras la JCF continúe creando estas incertidumbres legales. Pese a este recurso legal, el Gobierno de Wanda Vázquez Garced continuará trabajando mano a mano con la JSF en beneficio del Pueblo de Puerto Rico, pero ciertamente no siempre alcanzaremos el conceso”, sentenció el director ejecutivo de la AAFAF.
“Confiamos en que el Tribunal federal de Distrito de Puerto Rico ponga fin a esta controversia y clarifique hasta dónde se extienden los poderes de la JCF”, concluyó.
