El gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) alcanzaron un acuerdo para implementar el retiro incentivado para cerca de 1,240 empleados públicos de las leyes 1 y 447 cuyas plazas de empleo fueron catalogadas como no esenciales por sus patronos.
Según informó este sábado el gobernador Pedro Pierluisi en un comunicado de prensa, los sobre 1,200 empleados elegibles podrán retirarse con un 50 por ciento de su retribución anual más alta de los últimos 3 años al momento de acogerse.
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Además de su pensión vitalicia, recibirán $100 de aportación para el plan médico hasta cumplir los 62 años, más pago de sus vacaciones acumuladas. El plan de trabajo tiene como meta que la salida de estos empleados será para mediados del primer semestre de 2024.
Se indicó que en las próximas semanas, tanto los empleados elegibles como las entidades gubernamentales estarán recibiendo instrucciones sobre cómo proceder durante el periodo de implementación.
Por su parte, el director ejecutivo de la Junta de Retiro, Luis Collazo, explicó que “el acuerdo plasmado en la estipulación radicada requiere la aprobación final del Tribunal del Título III para proceder con los procedimientos ulteriores de implementación. Una vez aprobado, se procederá con los cambios operacionales, presupuestarios y administrativos necesarios para poner en vigor el acuerdo del Retiro Incentivado”.
Previo al acuerdo, las agencias afirmaron y certificaron que la eliminación de los puestos no esenciales no tendría impacto adverso en los servicios al pueblo y que los mismos no serán reemplazados, recreados o reestructurados en un futuro ya que de esta forma es que se garantizan los ahorros proyectados.
Es importante destacar que, próximamente, los empleados elegibles tendrán que completar su solicitud de pensión ante el Coordinador de Retiro de sus respectivas agencias, junto a los documentos y trámites requeridos que serán establecidos en la Carta Circular que se emitirá tan pronto el Tribunal avale el acuerdo entre las partes.
