El fallido proceso para comprar por $38 millones unas pruebas rápidas de COVID-19 por parte del gobierno de Puerto Rico fue “imposible de rastrear”, expuso el miércoles la directora de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko.
“El resultado de esa investigación es que nadie puede decir con certeza como fue que ese proceso se dio. No hubo documentación formal del proceso para poder identificar alguno de los puntos críticos. Por ejemplo, quien dio la orden, quien lo aprobó, no hay evidencia de si los cheques se emitieron en calidad de lo que se compró. Lo que se hizo evidente en lo que se nos envió a nosotros- y revisamos miles de mensajes y documentos- fue que no hubo formalidad para comprar durante emergencia o situaciones excepcionales”, dijo Jaresko en conferencia de prensa.
“Se hizo de forma ad hoc, que no permite que se puede revisar o auditar, porque no hay una documentación básica. No hay una persona que se pueda identificar que haya identificado la necesidad, quien encontró a los potenciales suplidores, como se escogió al suplidor, quien lo aprobó. Eso no existía hasta este momento. Ese fue un proceso difícil de rastrear. Nosotros no somos una agencia de ley y orden. Nosotros nos enfocamos en mejorar las cosas y eso es lo que estamos haciendo. Aprender de lo que ocurrió con las compras de COVID”, añadió.
Los funcionarios del Departamento de Justicia no recomendaron la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) contra la exsecretaria de Salud, Concepción Quiñones de Longo y contra la gobernadora Wanda Vázquez Garced por la fallida compra multimillonaria.
Sus expresiones se realizaron durante el anuncio de la implantación del nuevo Reglamento de Compras del Gobierno de Puerto Rico, por parte de la Administración de Servicios Generales (ASG).
Jaresko rechazó que quieran ser parte presencial en los procesos de subastas y/o compras del gobierno.
“Nuestro rol seguirá siendo de supervisión, ni más ni menos de lo que la Ley PROMESA permite. No vamos a estar en la implantación día a día de la toma de decisiones. No habrá presencia en los procesos, pero por ley tenemos la facultad de revisar los contratos. Y como saben, nosotros decidimos evaluar todos los contratos mayores de 10 millones de dólares. Nuestro rol con la Administración de Servicios Generales será el de asesorar y asegurarnos de que la implantación se complete lo antes posible”, expresó Jaresko.
Según Karla Mercado Rivera, administradora de ASG y principal oficial de Compras del gobierno, con la aprobación de la Ley 73-2019, le ordenó a la entidad, entre otras cosas, la promulgación de un reglamento único de compras y subastas con el fin de uniformar el proceso de compras y licitaciones en el Gobierno de Puerto Rico.
“Este no es un reglamento más. Es el instrumento que nos permitirá generarle al fisco ahorros significativos y una mayor eficiencia. Porque la transparencia, se traduce en ahorros y confianza de todos los sectores. Queremos devolverles a los ciudadanos, la confianza en su gobierno. De este modo, nos encaminamos a cumplir con el plan que nos encomendó la JSF, cuando ordenó la creación del nuevo modelo de la agencia”, señaló Mercado Rivera.
Explicó que el proceso de desarrollo del nuevo reglamento, que tomó meses para lograr un consenso, contó con la participación de representantes de diferentes industrias como la Asociación de Industriales, el Centro Unido de Detallistas (CUD) y la Asociación de Contratistas, entre otros.
