A la medianoche de este miércoles entró en vigor el paro de camioneros que paralizaría el transporte de ciertos artículos, como la gasolina y alimentos. La protesta es producto del tranque por las tarifas de acarreo aprobadas por el Negociado de Transporte.
Por su parte, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) decidió el martes que el nuevo reglamento sobre tarifas podría violar la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU) y que no cumple con el Plan Fiscal.
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El Frente Amplio de Camioneros ofreció hoy una conferencia de prensa. Mírala aquí:
“La Junta entiende que acoger la regulación propuesta no está cónsona con el Plan Fiscal. Específicamente, el proceso escogido por el Negociado no cumple con la Ley Uniforme de Procesos Administrativos (LPAU, por sus siglas en inglés)”, expuso el asesor general de la JSF, Jaime El Koury en su carta.
“Por ejemplo, la regulación propuesta en noviembre del 2020, no provee un resumen adecuado o una explicación breve sobre la regulación, como lo requiere el Plan Fiscal y la Ley Uniforme de Procesos Administrativos ni tampoco hace referencia alguna a los contratos privados”, añadió.
El Koury mencionó además que el Informe sobre la adopción del Código de Reglamentos del Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos ”firmado el 19 de julio de 2021 debió hacer sido enviado como borrador a la Junta antes de ser aprobado. El informe tampoco incluye una explicación de la aplicabilidad de las tarifas mínimas a los contratos privados."
“Finalmente, el reporte no contiene una explicación de las enmiendas, solamente dice que sufrió enmiendas, pero no describe las enmiendas ni provee una explicación para acoger las enmiendas”, expuso el Koury.
"La Junta entiende que como el reglamento no cumple con el Plan Fiscal, no se puede aprobar en este momento, particularmente, con respecto a los contratos privados. La Junta está dispuesta a trabajar con el Negociado del Transporte para lograr un reglamento que cumpla con el Plan Fiscal, que logre el objetivo del reglamento, incluyendo un aumento adecuado en las tarifas de acarreo, pero que no incluya a los contratos privados”, concluyó.
La semana pasada, la secretaria de la Gobernación, Noelia García, dijo a Telenoticias que la bola estaba en la cancha de la Junta.
En horas de la mañana del martes, Antonio Medina, miembro de la Junta, alegó que recibieron la información que necesitaban en la mañana, por lo que pidió más tiempo para que se realice la evaluación.
“No hay necesidad de salir a protestar cuando la junta no ha dicho ni sí ni no”, sostuvo Medina.
