La Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) llevó a cabo un examen en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) sobre un contrato otorgado, en el que identificó y validó deficiencias que atentan contra los fondos públicos y la sana administración.
El referido para la evaluación del contrato que se formalizó en el 2019, surge por parte del actual Secretario del DRNA, Rafael A. Machargo Maldonado, quien en su llegada a la agencia, determinó consultar preocupaciones sobre el contenido y cláusulas establecidas en el mismo.
El contrato se pactó por la cuantía de un dólar, anual y una vigencia de cinco años. No obstante, a pesar de que se establece que dicho contrato será por 1 dólar, la compañía recibirá una ganancia en representación del monto de los cargos de conveniencia para todos los trámites o transacciones que conlleven algún tipo de costo, cargo, tarifa, derecho o arancel por parte del DRNA.
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El propósito establecido según la redacción del contrato, es facilitar el establecimiento de un sistema electrónico para la presentación de solicitudes y permisos y renovaciones y la integración a la Plataforma de Servicios del Gobierno de Puerto Rico. Un cargo por conveniencia se cargará simultáneamente con el cobro por cualquier concepto antes mencionado y es atribuible a toda persona que requiera el servicio.
El DRNA no realizó un estudio de viabilidad que pudiera determinar la proyección de ventas de sellos o trámites solicitados por ciudadanos, por lo cual no se tiene un estimado de los ingresos que recibiría el contratista privado como parte de los cargos de conveniencia que serían cobrados a las personas, al implementar el nuevo sistema. Tampoco se evidencia que el DRNA, evaluara la posibilidad de pagar una cuantía fija al contratista por la implementación del contrato y cargos de mantenimiento y que los ingresos recibidos pasaran a formar parte del erario.
Por otra parte, en el contrato se dispone una cláusula de una penalidad de hasta cincuenta mil dólares mensuales, a favor del contratista en un solo pago si se cancelara el contrato antes de su fecha de vencimiento y si el Departamento hiciera una impugnación judicial, la indemnización o penalidad aumentará a una suma líquida equivalente a setenta y cinco mil dólares mensuales. Dicha cláusula resulta en una altamente costosa para el DRNA.
Del análisis realizado se pudieron encontrar otras deficiencias tales como: la formalización de un contrato que no contaba con certificaciones requeridas por ley; falta de análisis sobre los estudios de costos y viabilidad de la contratación realizada y cláusulas onerosas y perjudiciales para el DRNA y el Gobierno de Puerto Rico.
Estas cláusulas podrían tener el efecto de favorecer de manera unilateral a un contratista en contra de los mejores intereses del Gobierno. Los intereses privados de un contratista, bajo ningún concepto, deben prevalecer o de alguna manera afectar el deber fundamental de asegurarle a los ciudadanos que sus fondos públicos están siendo utilizados para brindar un servicio de calidad, al menor costo posible.
Las deficiencias encontradas en el contrato evaluado podrían estar en contravención con las normativas y la política pública de sana administración y contratación gubernamental, por lo que la OIG instruyó al DRNA a que no proceda con la implementación del mismo hasta tanto subsane todas las deficiencias señaladas, y realice un estudio de viabilidad junto a la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), en conformidad con la Ley Núm. 75-2019. El informe de examen se encuentra disponible en la página electrónica de la OIG
La OIG valida la gestión del Secretario del DRNA, en referir el asunto en vías de promover una sana administración pública. Con ello, enfatizamos en la importancia de que cualquier persona o empleado público que identifique irregularidades en las agencias de la rama ejecutiva pueda hacer los correspondientes referidos a la OIG. Para ello se puede comunicar al 787-679-7979 o a través del correo informa@oig.pr.gov.
