La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko reveló el martes, que el Gobierno de Puerto Rico no cumplió con la entrega de información sobre los pensionados del gobierno.
En específico, la JCF le dio seguimiento al Gobierno de Puerto Rico para solicitar la información restante y un análisis del efecto fiscal de las Leyes 80, 81 y 82 del 2020, con tal de poder determinar si estas leyes, que expanden los beneficios de retiro para los empleados públicos, son financieramente factibles no solo al presente, sino mañana y en años venideros.
“Hasta la fecha, el Gobierno no ha provisto la información requerida para tomar una determinación fiscalmente responsable sobre si puede pagar los aumentos en beneficios que ha propuesto para los futuros jubilados en el servicio público, o si ha analizado concienzudamente el efecto fiscal de estas leyes antes de aprobarlas”, dijo Jaresko en comunicación escrita.
“La Junta continúa teniendo serias preocupaciones sobre esta legislación. Nuestro propio análisis muestra que estas leyes crearán costos enormes e inasequibles, a largo plazo, para el Gobierno. No obstante, seguiremos trabajando con el Gobierno y analizando la información que ha provisto, así como la información adicional que esperamos nos proveerá durante esta semana”, añadió.
Explicó que anticipaba poder resolver sus preocupaciones sobre la factibilidad de estas leyes lo antes posible, ya que ha recibido muchos correos electrónicos y mensajes de empleados públicos que piensan planificar para su retiro a la luz de estos estatutos.
“Esos empleados merecen un grado de certidumbre que no se puede proveer sin un análisis apropiado sobre el costo y viabilidad de estos decretos”, dijo.
“Los beneficios de retiro son uno de los compromisos más importantes que cualquier gobierno puede llevar a cabo. El Gobierno de Puerto Rico debe asegurar que realmente puede costear las promesas que les hace a aquellos que dedican su vida profesional a servir al pueblo, velar por nuestra seguridad y educar a nuestros hijos”, añadió la directora ejecutiva del ente federal.
“La historia de legislar aumentos en los beneficios de retiro, que han probado ser inasequibles o simplemente no eran financiados adecuadamente, representa una de las causas principales de que exista hoy un sistema de retiro prácticamente sin fondos. En 2019, la Junta publicó un análisis independiente y comprehensivo sobre los sistemas de pensión del Gobierno de Puerto Rico, el cual reveló numerosas deficiencias. El informe está disponible en la página web de la Junta de Supervisión en el siguiente enlace. La Junta de Supervisión trabajará con el Gobierno de Puerto Rico para asegurar de que solo se hagan las promesas que se puedan cumplir. Ese es nuestro compromiso, nuestra responsabilidad y nuestro mandato bajo PROMESA”, concluyó.
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