El abogado Jay Rosselló Nevares, finalmente emitió sus declaraciones luego de la controversia que surgió sobre la reunión que sostuvo en La Fortaleza con su hermano, el gobernador Ricardo Rosselló y la exsecretaria Julia Keleher.
Aquí sus declaraciones:
Mi nombre es Jay Rosselló, hermano del Gobernador Ricardo Rosselló. No soy figura pública. No obstante, con el objetivo de aclarar toda duda y desinformación que se ha difundido sobre mi práctica profesional como abogado, hago y someto las siguientes declaraciones.
Estos son los hechos:
No tengo, y nunca he tenido, contratos con el Departamento de Educación o cualquier otro departamento, agencia o entidad del Gobierno de Puerto Rico.
Soy abogado de profesión, admitido a la práctica, y en “good standing”, en dos jurisdicciones de los Estados Unidos.
Cuento con más de dos décadas de experiencia legal, la gran mayoría en el campo de la educación.
Puerto Rico
Desde mayo del 2017, ejerzo como abogado para el bufete Hogan, Marren, Babbo & Rose. Desde que soy miembro de Hogan, Marren, Babbo & Rose, el bufete ha tenido únicamente un contrato con el Gobierno de Puerto Rico. Ese contrato de Hogan, Marren, Babbo & Rose fue con el Departamento de Educación de Puerto Rico, se firmó a finales del 2017, y expiró el 30 de junio del 2018, con el año fiscal. Personalmente no tuve rol alguno en la solicitud, negociación, finalización o manejo del mismo.
Este contrato surgió dada la relación pre-existente de la ex-Secretaria Julia Keleher y un accionista de Hogan, Marren, Babbo & Rose, el licenciado Charlie Rose. Esa relación se remonta a cuando ambos trabajaban para el Departamento de Educación de los Estados Unidos y se concretó debido a la extraordinaria reputación nacional y peritaje del bufete en el campo de la educación.
Por parte del bufete, el contrato estaba a cargo, era responsabilidad de, y fue firmado y manejado por, el licenciado Rose. El propósito del contrato era proveerle al Departamento de Educación asesoría y asistencia legal en asuntos federales, legislativos y de política pública, incluyendo consultoría en relación a ciertas áreas de la reforma educativa que eventualmente se convirtió en la Ley 85-2018.
Ese proceso conllevó leer y revisar múltiples borradores de potencial legislación. Esos borradores eran en español, y como yo era, y continúo siendo, el único abogado en el bufete con dominio de ambos idiomas, el licenciado Rose me pidió que leyera y analizara (no tradujera) los mismos. Ese esfuerzo resultó en alrededor de 25 horas trabajadas en total, y nunca incluyó actividades adicionales, como, por ejemplo, participación en llamadas o reuniones con el Departamento de Educación.
De hecho, yo nunca tuve, durante la vigencia de, y en relación a, este contrato, contacto alguno con oficiales o representantes del Departamento u otra persona que no fuera el licenciado Rose.
El monto total que el bufete le facturó al Departamento por este contrato fue $47,800 (no los $155,000 que han reportado algunos medios) y el bufete eventualmente recibió una cantidad menor, $45,486.26. De esa cantidad, alrededor de $8,000 corresponden al trabajo que realicé. El resto, o aproximadamente $40,000, fueron a compensar el trabajo del licenciado Rose y otros designados por él bajo el contrato.
A través de mis dos años laborando en Hogan, Marren, Babbo & Rose, he representado, y provisto asistencia legal, a un sinnúmero de clientes del bufete.
Uno de esos clientes fue, por breve tiempo, el Center for Education Reform (“CER”), entidad sin fines de lucro que aboga por reformas educativas, incluyendo escuelas chárter. En octubre del 2018, el Gobernador hizo una presentación ante el CER, en la cual exhortó a los asistentes a participar de la transformación educativa en Puerto Rico.
Ahí nació la idea de coordinar una reunión en Puerto Rico entre miembros de CER, el Gobernador y la ex-Secretaria, la cual ocurrió en diciembre del 2018. El propósito de la reunión era explicar el proceso, y discutir el potencial, para establecer escuelas chárter en Puerto Rico. Yo participé en esa reunión como parte de mis labores para CER. Ni durante la reunión, ni en momento alguno desde entonces, se asignó, designó, o se hizo compromiso de ninguna naturaleza en relación a las escuelas chárter.
Cabe notar además que yo no soy accionista del bufete, sino lo que se conoce como un “non-equity partner”, sin interés de propiedad en el bufete y con un contrato de trabajo que establece un salario fijo. No recibo comisiones ni compensaciones que no sean por trabajo realizado por mí mismo. Como consecuencia, y contrario a los accionistas del bufete, yo nunca recibo, ni comparto en, ganancias generadas por contratos del bufete, incluyendo el referido contrato con el Departamento de Educación. Mi compensación habría sido la misma, hubiera o no contrato con el Departamento de Educación.
Por tanto, no tengo, ni tenía, interés de índole alguno en relación a este (o cualquier otro) contrato. Tampoco existe, ni existió, conflicto de tipo alguno en el que Hogan, Marren, Babbo & Rose haya entrado en un contrato con, y haya provisto servicios legales solicitados por, el Departamento de Educación de Puerto Rico, o en el que yo haya representado a CER o participado de su reunión con el Gobernador y la ex Secretaria.
Estas serán las únicas declaraciones que haré al respecto. Creo naturalmente en el derecho a la información y a tener los asuntos claros, particularmente los del quehacer público. No obstante, habiendo establecido los hechos mediante esta comunicación, quiero dejar claro que decir o insinuar cualquier irregularidad con respecto a mi participación en este asunto, es simplemente falso, malicioso y difamatorio, y expone a acciones legales a quienes insistan en así hacerlo.
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