La Junta de Supervisión Fiscal anunció este sábado que urgió a la administración del Presidente Trump y al Congreso a agilizar las respuestas a todos los pedidos de asistencia del gobierno de Puerto Rico, tras el paso del huracán María.
La Junta solicitó además a aumentar la asistencia financiera, eliminar los topes en programas individuales de ayuda financiera disponibles para la Isla, y eximir al gobierno local de los requisitos de pareo de programas disponibles, incluyendo trabajos de recuperación permanentes.
La Junta fue enfática con la administración y el Congreso en que, además de atender la crisis humanitaria inmediata, es esencial proveer los fondos necesarios para ayudar a reconstruir la infraestructura crítica en la Isla.
La Junta, según concebida bajo la ley PROMESA, también está solicitando que empleados federales de varias agencias clave sean destacados a la Junta por los próximos meses para ayudar en los esfuerzos de recuperación de Puerto Rico.
"Tras el paso catastrófico de un huracán que ha devastado a Puerto Rico, la Junta está posponiendo cualquier discusión de reducción de jornada hasta el próximo año fiscal y está retirando la demanda relacionada", se estableció en declaraciones escritas.
“Puerto Rico ha sido devastado por el Huracán María”, dijo José Carrión, presidente de la Junta de Supervisión.
“La ruta a la recuperación va a ser dura y larga”, continuó Carrión, “pero Puerto Rico se levantará mejor y más fuerte. Ese es nuestro espíritu y esa es nuestra lucha. La Junta está comprometida a hacer todo lo que pueda para que lograrlo”, sostuvo.
