El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), David Skeel rechazó este domingo la solicitud del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia para que los empleados de las corporaciones públicas sean incluídos en el Bono Especial.
“Como saben, el Gobierno ya repartió la asignación sobrante de este año. Además, la Junta ha compartido anteriormente, y continúa apoyando, el principio de que todas las entidades gubernamentales deben ser autosuficientes y se debe minimizar el traspaso financiero entre ellas. En consecuencia, incluso si la Junta considerara la solicitud del Gobierno de expandir el sobrante a entidades fuera del Estado Libre Asociado no elegibles, el Gobierno tendría que identificar una fuente de financiamiento de las Entidades fuera del Estado Libre Asociado para los 60 millones de dólares adicionales solicitados”, dijo Skeel en declaraciones escritas.
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“Teniendo en cuenta la falta de fondos excedentes disponibles en muchas de las entidades que no pertenecen al Estado Libre Asociado, combinada con la necesidad de usar fondos para inversión, la Junta está preocupada por el impacto potencial de la solicitud de expansión del Gobierno. El Estado Libre Asociado podría explorar el uso potencial de fondos federales, como las asignaciones del Plan de Rescate Estadounidense”, añadió.
Luego de que se anunciara que como consecuencia de la negociación del Sindicato Servidores Públicos Unidos con la Junta en el proceso de aprobación del Plan de Ajuste de la Deuda, se le otorgó a los empleados públicos que pertenecen a ese sindicato alrededor de $12 mil en el Bono Especial. Al resto de los empleados públicos que no pertenecen a corporaciones públicas, les dieron alrededor de $3 mil.
Los empleados de las corporaciones públicas como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Autoridad de Carreteras y Transportación, Autoridad de Edificios Públicos y la Universidad de Puerto Rico exigieron ser incluídos en el pago.
El Bono Especial es parte de un sobrante en recaudo del Gobierno de Puerto Rico.
