Pedro Pierluisi

JSF demanda a Pedro Pierluisi, José Luis Dalmau y a Rafael “Tatito” Hernández

Buscan que se elimine la "Ley del Retiro Digno".

La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) anunció este viernes que presentó una demanda contra el Gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, en su capacidad oficial; la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF); al presidente del Senado, José Luis Dalmau; y al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico para prohibir la ejecución y nulidad de la Ley 7-2021 (Ley de Retiro Digno).

Sería la primera vez, desde la creación de la Ley PROMESA, que se certifica el monto en acuerdo.

"El gobernador Pierluisi promulgó la Ley 7 el 9 de junio de 2021, pero certificó, a través de AAFAF, que la Ley es "significativamente inconsistente" con el Plan Fiscal certificado 2021 del Commonwealth. La Certificación del Gobernador reconoció además que la aplicación de la Ley podría violar varias otras disposiciones de PROMESA, incluida la autonomía de la Junta de Supervisión (sección 108 (a)), implementando una reprogramación de fondos gubernamentales sin la aprobación de la Junta de Supervisión (sección 204 (c)) y modificar miles de millones de dólares de deuda sin la aprobación de la Junta de Supervisión (sección 207).", lee el comunicado de prensa del ente fiscal.

"La Ley 7 debe ser anulada porque prohíbe al Gobierno cooperar con cualquier plan de ajuste que contradiga las disposiciones de la Ley 7, incluido el Cuarto Plan de Ajuste Enmendado presentado el 29 de junio de 2021. La negativa del Gobernador a confirmar que no implementará la Ley, y la negativa de la Legislatura a derogar cualquier parte de la Ley deja a la Junta de Supervisión sin otra opción que continuar con el litigio.", añaden.

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El Gobernador Pedro Pierluisi reaccionó y emitió las siguientes declaraciones:

"La política pública de mi administración siempre ha sido clara en cuanto a los recortes a las pensiones de los retirados del Gobierno de Puerto Rico. Mi compromiso es proteger y honrar las pensiones.

Firmé la Ley de Retiro Digno para reiterar mi posición en cuanto al sistema de pensiones del gobierno. Reconozco que la ley tiene disposiciones que son significativamente inconsistentes con el Plan Fiscal Certificado y que hay una controversia con la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSF) en cuanto a la viabilidad de la misma.

Por consiguiente, le cursé ayer una carta a la JSF en la que le solicité tiempo para buscar alternativas fiscalmente responsables que aseguren los pagos a nuestros pensionados actuales y garanticen una pensión justa a los empleados que laboran en el gobierno desde antes del año 2000, quienes contaban con un compromiso de una pensión definida.

Entiendo que no es necesario litigar en este momento y así lo haremos saber al tribunal. Al mismo tiempo, me voy a continuar enfocando en buscar las soluciones a esta controversia que protejan a nuestros pensionados y que sean fiscalmente viables. Seguiré el curso de trabajo para presentar las medidas legislativas necesarias y resolver esta controversia en beneficio de Puerto Rico y su gente."

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