El juez Alfonso Martínez Piovanetti, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan declaró "no ha lugar" la demanda que radicó un grupo de ciudadanos contra el gobierno en un intento para detener la orden ejecutiva que exige la vacunación contra el COVID-19 a empleados públicos y a estudiantes mayores de 12 años.
"En fin, el requisito de vacunación contra el COVID-19 para los estudiantes y empleados de las instituciones educativas es una medida necesaria para lograr el interés apremiante de garantizar la educación y salud pública, mitigar los efectos nocivos de la pandemia y alcanzar finalmente una inmunidad de rebaño en el País. Aunque el poder del gobierno no es irrestricto ni tan siquiera en un estado de emergencia como el que enfrentamos actualmente, reiteramos que el mandato de vacunación en estos momentos es un medio incluso menos oneroso para alcanzar estos objetivos gubernamentales en comparación con otras posibles alternativas. Por ejemplo, como lo sería requerir que todos los estudiantes regresen a la educación remota total o que se instituyan nuevamente otras restricciones de aislamiento social, tales como toques de queda o cierres en el entorno social y económico (“lockdown”). En consecuencia, al considerar en una balanza los daños alegados, los intereses involucrados de todas las partes y el bien colectivo de nuestra sociedad, procede denegar los remedios solicitados por la parte demandante", lee la sentencia.
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El grupo solicitó al Tribunal una compensación por una cantidad no menor de $50,000 por reclamante, por concepto de violación de derechos civiles.
Además, solicitaron un cese y desista al secretario de Salud, Carlos Mellado, para que no pueda ordenar la vacunación a los estudiantes mayores de 12 años del Departamento de Educación.
