Jueza de quiebra ordena devolución de caso contra el Gobierno

La dirigente del PPD sostuvo que el plan fiscal fue diseñado bajo un modelo de proyección a 10 años.

La jueza federal Laura Taylor Swain ordenó la devolución del caso de la senadora del Partido Popular Democrático (PPD), Rossana López León contra la administración de Ricardo Rosselló por la entrega de documentos, estudios y modelos de proyección utilizados para la confección del plan fiscal del gobierno, informó la legisladora el miércoles.

La determinación judicial reactiva el caso en la jurisdicción local en el que se reclama la entrega de documentos públicos.

“La orden de la jueza federal Taylor Swain constituye una nueva derrota para el gobierno de Ricardo Rosselló que utilizó burdamente la solicitud de remoción a la jurisdicción federal, con el único propósito de evadir su responsabilidad de divulgar los documentos de naturaleza pública. Estos documentos - que se utilizaron para la confección del plan fiscal - habrán de demostrar que las proyecciones de ingresos y ahorros utilizados contienen nuevos recortes que aún no han sido divulgados al país y proyecciones de ingresos sobreestimados.”, expresó la senadora popular en declaraciones escritas.

La dirigente del PPD sostuvo que el plan fiscal fue diseñado bajo un modelo de proyección a 10 años en los cuales las reducciones de gastos aumentan de forma gradual por etapas. Según la legisladora, las cifras proyectadas del plan, suponen nuevos recortes de forma escalonada en diferentes áreas de servicios a la ciudadanía y entidades públicas.

“De la misma forma que el tiempo nos dio la razón cuando anunciamos el despido de sobre 5,000 empleados transitorios y el recorte de servicios médicos que habían sido negados por el gobierno, cuando finalice este pleito, el país conocerá otras medidas de recortes y privatizaciones que el gobierno ha ocultado por seis meses. Tarde o temprano la verdad saldrá a relucir.”, expresó la senadora.

López León adelantó que sus abogados estarán radicando una moción para que el tribunal local ordene una vista de reactivación del caso contra el gobierno lo antes posible.

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