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Justicia Energética pide al Gobernador que revierta el aumento a la factura de AEE

Sostienen que que el propio Negociado de Energía no informa ni envuelve efectivamente al consumidor y demás ramas del gobierno en sistemáticamente fiscalizar y corregir las deficiencias históricas de la corporación pública.

Imagen básica de la AEE.

El Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica de Puerto Rico (ICSE) solicita al Negociado de Energía de Puerto Rico que detenga de inmediato el aumento en la factura de energía eléctrica aprobado el 31 de diciembre de 2020.

"Esta solicitud se fundamenta en dos hechos, el primero como han señalado otros ya - es que no hay garantías de que las deficiencias institucionales de la AEE, que el propio Negociado señaló producen “inaceptables incongruencias” de la información y evidencia sometida para justificar el ajuste del trimestre junio-julio y agosto 2020, se superen. El segundo, es que el propio Negociado no informa ni envuelve efectivamente al consumidor y demás ramas del gobierno en sistemáticamente fiscalizar y corregir esta y otras deficiencias históricas de la AEE para responsablemente reducir costos energéticos", establece el ICSE en comunicado de prensa.

El director del Programa Justicia Energética para Puerto Rico del ICSE Ramón A Sánchez expresó, además: “Nuestra misión es lograr justicia energética para nuestra gente en Puerto Rico y en este caso la falta de información a tiempo y fácilmente accesible al público general sobre la evidencia que someta la AEE a pedidos del Negociado incumplen con la transparencia y participación ciudadana que exige la Ley 17 de 2019. El patrón de la AEE de displicencia en proveer y divulgar información pública y a la vez exigir una exagerada y desmedida confidencialidad sobre sus decisiones del sistema eléctrico genera legítima preocupación del ICSE y los consumidores sobre todo aumento en el costo facturado”, expresó. 

Consistente con la defensa de la Ley 17, el ICSE compareció ante el Negociado el 15 de enero de 2021 a solicitar que se enmiende el Reglamento sobre Procedimientos Adjudicativos con el fin de ampliar la participación pública y la transparencia en procesos que ahora AEE y el Negociado mantienen privados. En Moción del 20 de enero de 2021 al Negociado, el ICSE solicito que se abra al público el proceso que comenzó para la evaluación de métricas de desempeño de la AEE y LUMA.  Sanchez comento: “La Ley 17 exige transparencia y tanto el Gobernador de Puerto Rico como Oficiales de LUMA también apoyan una completa transparencia en los procesos energéticos. “Vamos a hacer realidad las palabras”, enfatizando que “la Justicia Energética para Puerto Rico comienza con entera transparencia y proactiva rendición de cuentas del desempeño de la AEE en su totalidad, no solo LUMA u otros contratos de servicio”.

La AEE dice que no tiene el poder para eliminarlo.

“El público debe tener acceso a la información a tiempo y de forma clara para fiscalizar todos los componentes del proceso regulatorio de la Transformación Energética de Puerto Rico”, añadió Sánchez.

“Esta solicitud trasciende el pedido al Negociado de aguantar la aprobación del aumento mientras la AEE no cumple con los 7 requerimientos en su Resolución tarifaria del 31 de diciembre 2020.  La solicitud que hacemos hoy formalmente al Negociado es también al Gobernador y los líderes de la Legislatura.Este tiene que ser un reclamo multisectorial amplio para que todos podamos velar con celo y participar en lograr un desempeño proactivo y transparente de la AEE, y de los responsables de gobernar y regular nuestro sistema eléctrico completo según exige dicha Ley 17. No descansaremos hasta que se logre una hoja de ruta de transformación energética, y una estructura de gobernanza y fiscalización del sistema, que nos logre costos de energía transparentes y justos para todos”, sostuvo.

Sobre ICSE/Justicia Energética

El Programa del ICSE de Justicia Energética procura una implantación plena de la Ley 17 del 2019 que redunde en que se bajen los costos, se aumente la confiabilidad y la disponibilidad de opciones de servicio sostenibles al consumidor, dentro del marco de política pública energética moderna de esta ley.  Consumidores informados de antemano siempre, y activos en las decisiones de la transformación energética, son derechos del consumidor que el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica defiende administrativamente y en corte desde su fundación en 2015.  

Desde el 2017 el ICSE opera como Entidad Sin Fines de Lucro bajo el estatuto 501c3 del código federal de rentas internas. Nuestro Programa de Justicia Energética inició en el 2020 para educar y activar al consumidor que no tiene acceso a abogados, asociaciones de negocios y organizaciones de interés sectorial – y así puedan insertarse y abogar por el interés público en los procesos decisionales de la Transformación Energética de Puerto Rico según define nuestra Ley 17.

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