Departamento de Justicia

Justicia radica cargos contra empleados municipales por malversación y apropiación agravada

Se trata de empleados del Municipio de Manatí.

A stock photo of cash.
Getty Images

El Departamento de Justicia informó que radicó cargos contra varios empleados del Municipio de Manatí por apropiación ilegal agravada y por malversación de fondos públicos. Los hechos se remontan a los años 2016 y 2018.

Apropiación de dinero

De la investigación se desprende que luego del Huracán María se hizo un acuerdo entre el Municipio de Manatí y FEMA para el recogido de escombros y otros materiales. Las ganancias del recogido y reciclaje de metales serían ingresadas a las arcas municipales. Sin embargo, Richard Santana Rivera y Juan Mercado Torres, ambos empleados del Municipio de Manatí, se apropiaron ilegalmente del dinero producto del material reciclado.

A Santana Rivera se le radicaron cinco cargos por violación al Artículo 264- Malversación de fondos públicos; un cargo por el Artículo 202 - Fraude del Código Penal de Puerto Rico. Además, se le radicó un cargo por violación al Artículo 4.2(b) de la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico. Mientras, a Mercado Torres se le radicaron dos cargos por violación al Artículo 264 (Malversación de fondos públicos); un cargo por el Artículo 202 (Fraude) y además, un cargo por violación al Artículo 4.2(b) de la Ley de Ética Gubernamental.

Apropiación de equipo

De otra parte, se radicaron cargos a un empleado municipal de Manatí, quien -junto a su padre y hermano- se apropió ilegalmente de una plataforma tipo “Semi Trailer Low Bed” proveniente de una donación del gobierno federal.

Por estos hechos se le radicaron cargos al empleado municipal Samuel Rivera Tirado por violaciones al Artículo 4.2(b) la Ley de Ética Gubernamental y por el Artículo 264 (Malversación de Fondos Públicos del Código Penal). Por su parte, a Carlos Rivera Mejías y Carlos Enrique Rivera Tirado, padre y hermano del imputado, se les radicaron cargos por violación al Artículo 182 (Apropiación Ilegal Agravada), en la modalidad de propiedad pública, del Código Penal del Puerto Rico.

Ambos casos se vieron en el Tribunal de Primera Instancia de Arecibo ante la Jueza Ángela Díaz Escalera.

Fianzas

En el caso contra Santana Rivera y Mercado Torres, el Juez determinó causa probable para arresto e impuso una fianza de $7,000 para cada uno de los imputados y la vista preliminar quedó señalada para el 15 de septiembre de 2020.

En el caso del empleado municipal Rivera Tirado se determinó causa probable para arresto y se fijó una fianza global de $2,000. En cuanto a Rivera Mejías (padre) y Rivera Tirado (hermano) el Tribunal determinó causa probable para arresto y se fijó una fianza global de $1,000 para cada uno. La vista preliminar quedó señalada para el 15 de septiembre de 2020.

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