El Departamento de Justicia recomendó este lunes a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) contra el exalcalde de Santa Isabel, Enrique Questell Alvarado.
Además, refirió al secretario del Departamento de Recursos Naturales (DRNA), Rafael Machargo Maldonado a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).
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La recomendación de un FEI contra Questell Alvarado fue por existir causa suficiente para creer que infringió las disposiciones del artículo 292 del Código Penal de Puerto Rico, sobre influencia indebida en la adjudicación.
Esto, relacionado con una reunión sostenida en el verano de 2020 con Machargo Maldonado, con la intención de adelantar una transacción relacionada con una querella pendiente de adjudicación.
Según informó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, “también se recomendó que, una vez concluidos los procedimientos correspondientes ante el PFEI, se evalúe enviar el expediente a la Oficina de Ética Gubernamental para que examine administrativamente las actuaciones del secretario del DRNA, al amparo del artículo 4.2 (s) de la Ley Núm. 1-2012, conocida como la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico”.
Dicho artículo no contempla sanciones de naturaleza criminal, sino expresamente administrativas o civiles que le corresponde analizar y administrar a la Oficina de Ética Gubernamental.
Por tal razón, no se recomendó a la OPFEI la designación de un FEI contra Machargo Maldonado.
Además, la agencia recomendó que, una vez concluidos los procedimientos correspondientes ante el PFEI, se evalúe enviar el expediente al Contralor Electoral de Puerto Rico para que lleve a cabo los procesos que correspondan a tenor con la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas, debido a que la investigación preliminar reveló que se facilitó el uso del negocio El Aquarium para celebrar reuniones de campaña.
El referido es resultado de una investigación preliminar de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia sobre posibles actuaciones delictivas, luego de que el 6 de abril de 2021 la agencia recibiera una comunicación suscrita por los representantes, Estrella Martínez Soto y Héctor Enrique Ferrer Santiago, en la cual se presentaron varias alegaciones en contra de Questell Alvarado, Machargo Maldonado y el ingeniero Jorge Dávila Torres. Contra el ingeniero Dávila Torres la investigación no demostró que incurriera en conducta que requiera recomendación de alguna índole.
En síntesis, alegaron que, en una vista celebrada por la Comisión para el Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Sur Central, el secretario del DRNA expuso que, durante el verano de 2020, se reunió en una residencia privada del entonces alcalde de Santa Isabel con relación a una querella pendiente de una vista adjudicativa y en la cual figura como parte querellada. Además, alegaron que el secretario del DRNA participó de dicha reunión y visitó, junto al entonces alcalde y otras personas, el área objeto de la querella. Esto con la intención de adelantar una transacción relacionada con la querella antes mencionada. Los hechos en su comunicación alertaron sobre la posible comisión de delito y faltas éticas o administrativas, por lo que se inició la investigación correspondiente.
“En el Departamento de Justicia continuaremos velando por el cumplimiento de la ley y tomando las acciones y medidas correspondientes, de manera responsable, justa y sin distinción de persona”, expresó el secretario.
Debido a que la investigación continúa, el secretario y los funcionarios del Departamento de Justicia no emitirán comentarios adicionales sobre este caso en particular.
Reacciona Rafael Machargo:
“Luego de meses de investigación del Departamento de Justicia, esta agencia confirma en su referido a la Oficina del Panel del FEI (PPFEI), que no cometí ninguna violación de ley. En la información que el Departamento de Justicia divulga públicamente, se le pide a la OPFEI que ‘evalúe’ si se debe enviar dicho expediente a la Oficina de Ética Gubernamental para que ‘examine administrativamente’ mis actuaciones en este caso. Y destaca que el artículo bajo el cual hace su petición ‘no contempla sanciones de naturaleza criminal’. Estamos confiados en que la investigación administrativa de la OEG también determinará que no hubo nada incorrecto de mi parte. No obstante, en vista de la continuación de estos procesos, me abstendré de hacer nuevas expresiones y continuaré enfocado en la protección y conservación de los recursos naturales.”
