La Junta de Supervisión Fiscal emitió este viernes declaraciones para defender el recorte a las pensiones de empleados públicos.
“La Junta de Supervisión no quiere recortar las pensiones. Son las limitaciones legales y fiscales que pesan sobre Puerto Rico, no las ideologías, las que obligan a la Junta de Supervisión a reformar las pensiones", manifestaron en comunicado de prensa.
Según exprearon, si el gobierno de Puerto Rico no hubiera comenzado a pagar las pensiones utilizando como fuente de financiamiento el presupuesto del fondo general, los pensionados ya habrían dejado de recibir sus cheques.
"En el pasado, los gobiernos fracasaron en identificar los fondos suficientes para pagar pensiones y, por lo tanto, tomaron más dinero prestado y gastaron todo el dinero con el que contaba el sistema de retiro. Ahora, el gobierno no puede tomar prestado y no hay dinero en el sistema de retiro", añadieron.
La Junta de Supervisión, según se indicó, no duda que las intenciones del Gobernador, de pagar las pensiones en su totalidad ahora y siempre, sean sinceras. Sin embargo, destacaron que la realidad es que el gobierno no tiene el dinero para sufragar este gasto.
La política de la Junta de Supervisión para reformar pensiones reduce el costo de éstas por más de $10,000 millones durante los próximos 30 años para lograr que las pensiones sean asequibles y sostenibles para el gobierno.
"Los jubilados en Puerto Rico no tienen la culpa de la situación en la que se encuentran el Gobierno y los sistemas de retiro. Los jubilados son víctimas de la conducta irresponsable de gobiernos anteriores. La reforma de pensiones de la Junta de Supervisión está diseñada para corregir estos errores, logrando que las pensiones sean asequibles y sostenibles para el Gobierno, mientras se cumple con la ley PROMESA", lee le comunicado.
