La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico anunció este miércoles que llegó a un acuerdo, en principio, con varios grupos de acreedores para reducir la deuda de Puerto Rico a niveles sostenibles luego de un proceso de mediación exitoso.
"Puerto Rico necesita dejar atrás la reestructuración de la deuda tan pronto como sea razonablemente posible con un acuerdo que sea sostenible para Puerto Rico", expresó el presidente de la Junta de Supervisión, David Skeel, en un comunicado de prensa.
"Lo que logramos en este punto es una propuesta realista que abrirá un camino hacia la recuperación de la bancarrota, e informamos al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico de nuestro acuerdo. Nuestro objetivo es presentar un plan de ajuste consensuado para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico que incluya a tantos acreedores como sea posible", dijo Skeel.
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La Junta de Supervisión pidió al tribunal que extendiera el plazo hasta que se presente un plan de ajuste modificado, del 10 de febrero hasta el 8 de marzo próximo.
"Con el apoyo del equipo de mediación designado por el tribunal, solicitamos que el tribunal conceda más tiempo para continuar el proceso de mediación, establecer los términos acordados en un acuerdo de apoyo al plan y conseguir mayor apoyo entre los grupos de acreedores para un plan de ajuste justo y asequible que permita que la economía de Puerto Rico crezca y que el pueblo de Puerto Rico prospere”, expuso por su parte Natalie Jaresko, Directora Ejecutiva de la Junta.
La Junta de Supervisión llegó a un acuerdo con los acreedores que tienen derecho a más de $7,000 millones en bono de obligaciones generales y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP).
Según se informó, la Junta de Supervisión hará disponibles los términos del acuerdo en breve para permitir que otras partes se unan.
Este acuerdo se basa en principio en los Acuerdos de Apoyo al Plan ya alcanzados con el Comité Oficial de Retirados y con ciertos sindicatos. La Junta de Supervisión continúa sus esfuerzos para llegar a un plan de ajuste consensuado con tantas partes como sea posible, incluidos el Comité de Acreedores, sindicatos, tenedores de bonos del Sistema de Retiro de Empleados (SRE) y aseguradoras de bonos.
En febrero de 2020, la Junta de Supervisión había presentado un plan de ajuste para reestructurar aproximadamente $35,000 millones de deuda y otras reclamaciones contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la AEP y el SRE. En respuesta al COVID-19, la Junta de Supervisión pidió al tribunal que pusiera ese plan en pausa para evaluar el efecto a largo plazo de la pandemia en Puerto Rico. La Junta de Supervisión y los acreedores reanudaron su mediación el verano pasado.
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