Tanto el secretario de Seguridad Pública Alexis Torres como el comisionado de la Policía Antonio López Figueroa acudieron el jueves a una vista pública en la Cámara sobre el asunto de escoltas.
La primera pregunta fue suscrita por el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología, Luis “Narmito” Ortiz Lugo sobre cuántos agentes tiene asignado la División de Seguridad y Protección en la que el comisionado de la Policía contestó: “Tiene alrededor de 230 agentes asignados en las 13 áreas policíacas”.
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¿Hay agentes suficientes en esta división para las personas con derecho a escoltas?
“Si, tenemos los recursos para ello. Tenemos 61 agentes asignados a la División de Escoltas a los diferentes funcionarios que por ley tienen derecho a ella”, respondió López Figueroa.
¿Quién paga las escoltas? “La Policía de Puerto Rico”, dijo.
¿No hay en términos de la ley de escoltas, no establece que se pagan 8 horas regulares y la agencia a la cual se le da el servicio al funcionario no tiene que reembolsar las horas de esos funcionarios?
“Hay unas situaciones que se le da un reembolso”, dijo López Figueroa.
Puerto Rico
“Hay nos acuerdos que sí se reembolsan, pero tendremos que mirar esas horas con exactitud”, añadió Torres. El presidente de la Comisión le otorgó cinco días laborables para someter esa información.
En la ponencia sometida tanto por el secretario del DSP y el comisionado de la Policía, solicitaron prórroga para entregar información.
“Aprovechamos la oportunidad para aclarar el asunto del requerimiento de información peticionado por esta Honorable Comisión, que fue recibida por correo electrónico el miércoles, 23 de febrero del año en curso, para ser entregado en cinco (5) días calendario. Y que, debido a lo extenso del mismo, solicitamos prórroga’, dijo López Figueroa en su ponencia.
Sin embargo, los representantes del Partido Nuevo Progresistas (PNP) incluyendo el portavoz, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez; José Aponte Hernández, Gabriel Rodríguez Aguiló y José ‘Quiquito’ Meléndez Ortiz catalogaron como una ‘expedición de pesca’ la investigación de la Cámara de Representantes sobre el servicio de seguridad a funcionarios públicos.
“No había necesidad de hacer un espectáculo político partidista por esto. Es abierto para todos que lo que ha pasado es que la Cámara, actuando por activismo político, trata de hacer todo lo posible por acertar golpes a la administración donde no hay nada. Hoy quedó demostrado eso”, indicó Méndez Núñez.
“Esta vista pública de hoy no fue otra cosa que una cacería de brujas por parte de la mínima mayoría del partido popular en la Cámara de Representantes. Hoy vemos como representantes de ese partido han tratado de sólo enfocarse con figuras de la administración de gobierno, la del PNP y, por motivaciones política partidista. Los deponentes pudieron demostrar la reducción en los gastos, pero el intento por tratar de manchar reputaciones de los funcionarios de esta administración sigue”, dijo Aponte Hernández.
“La vista de hoy fue un ejemplo más de la falta de voluntad real para atender los problemas de Puerto Rico; se han enfocado en intentar golpear a funcionarios de la administración del PNP en vez de buscar la verdad. No es otra cosa que una expedición de pesca por parte de los representantes populares”, señaló por su parte Rodríguez Aguiló.
“El servicio de seguridad y protección que ofrece vía excepción, no debe ser usado para adelantar agendas partidistas. La determinación de ofrecer el servicio debe ser tomada luego de un análisis ponderado realizado por personal experto en manejo de riesgos y nunca puede ser una determinación arbitraria. En ese sentido cualquier revisión a la ley contaría con nuestro respaldo. No obstante, es importante aclarar si la renuncia al servicio de seguridad tiene efecto irrevocable o su efecto es parcial y pudiera ser solicitada y otorgada cuando el exfuncionario lo requiera. Esta preocupación surge cuando el exgobernador Acevedo Vilá anunció su renuncia al servicio de seguridad, pero ocasionalmente lo solicita. Esto crea una situación anómala que tenemos que atender”, sostuvo Meléndez Ortiz.
Las expresiones de los representantes novoprogresistas se dieron durante la vista pública sobre la Resolución de la Cámara 93 la cual viabiliza un estudio exhaustivo y continuo sobre todo asunto relacionado con la seguridad y el orden público; en este caso, el gasto incurrido en las escoltas por parte del Negociado de la Policía de Puerto Rico.
“Creemos en el proceso de vistas públicas, lo que no podemos avalar es celebrar una vista para brindar un golpe político al gobierno como está haciendo los legisladores del PPD”, añadió Aponte Hernández.
