Política y gobierno

Liderato obrero se opone a confirmación de Omar Marrero como secretario de Estado

Por entender que defiende los intereses de la Junta.

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) licenciado Omar Marrero

Un nutrido grupo de sindicatos se oponen a la confirmación de Omar Marrero como secretario de Estado por entender que defiende los intereses de la Junta de Control Fiscal (JCF) y promover la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el servicio de lanchas de Vieques y Culebra.

Los dirigentes sindicales de la Unión General de Trabajadores (UGT), Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), Hermandad de empleados no docentes de la UPR (Heend), UTIER, Federación de Maestros, APPU, EDUCAMOS, ProSol, Federación Central de Trabajadores Local 481 (FCT), Movimiento Solidario Sindical (MSS), UNETE y Central Puertorriqueña de Trabajadores (FPT) señalaron en declaraciones escritas que las actuaciones de Marrero como director de Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal y como representante del Gobernador ante la Junta de Control Fiscal “dicen mucho de los intereses que defiende y promulga”.

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El PPD quiere llegar a los $10.00 en el 2023. Grupo asesor de Fortaleza recomienda que sea $10.50 en el 2025.

“Nada hay en el récord de este funcionario que demuestre haya levantado defensa alguna ante el organismo federal para defender al pueblo de las medidas de austeridad impuestas por este cuerpo”, añadieron.

“El resumé de desempeño a nivel gubernamental del designado secretario de Estado a quien se le reconoce como uno de los más fervientes promotores del desarrollo de Puerto Rico mediante la puesta en práctica de medidas neoliberales tales como la externalización de los servicios que presta el Gobierno, poniéndolos en manos de la empresa privada y eliminando  los derechos y conquistas alcanzadas por la clase trabajadora, lo descalifican para desempeñar la posición de Secretario de Estado”, señalaron en declaraciones escritas.

La organización está compuesta por jóvenes profesionales.

Los portavoces explicaron que, el también exprofesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, estuvo a cargo de DACO, la Autoridad del Distrito de Convenciones y la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia. En las dos primeras aseguran que no encontraron hechos significativos que resaltar, pero en la última resaltaron los “sinsabores de los ciudadanos con la politización y la lentitud con la que ha venido operando dicha dependencia”.

“Marrero Díaz dirigió la Autoridad de los Puertos, donde se le reconoce como el artífice de la costosa y fracasada privatización de los servicios de lanchas a Vieques y Culebra y también ha estado vinculado a la notoria Autoridad para las Alianzas Público Privadas,  donde surgió el engendro del leonino contrato con el consorcio LUMA Energy que mantiene al país prendiendo y apagando como un arbolito de Navidad, mientras se resisten a brindar información a la legislatura y no trabajan los fines de semana”, puntualizaron.

Aunque la mayoría recibió estudiantes, más de 10 escuelas de Ponce no pudieron abrir.

“Hacemos énfasis en los elementos de incumplimiento de LUMA no tan solo para denunciarlos, sino para significar que, en la defensa del engendro, el Lcdo. Marrero Díaz ha señalado públicamente que dicho contrato tiene los elementos necesarios para fiscalizar el ente privado. Si así defiende los intereses del pueblo, no queremos pensar cómo lo hará cuando le corresponda actuar como Gobernador interino”, enfatizaron.

Para los sindicalistas el nombramiento del licenciado Omar Marrero Díaz no debe pasar el cedazo de la Cámara y el Senado de Puerto Rico.

“Esperemos que los legisladores hagan una evaluación apropiada del mismo y no se les ocurra intercambiar la misma por un proyecto de Ley Electoral o algo parecido. Los trabajadores del país esperan contar con miembros del gabinete constitucional que tengan la voluntad y la determinación de defender los mejores intereses de nuestro pueblo y no a personas que no creen en el servicio público y se han mostrado dispuestas a favorecer el interés exclusivo de la clase patronal”, concluyeron.

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