El representante independiente, Manuel Natal Albelo presentó el martes, el Proyecto de la Cámara 1815 para crear la “Ley para la Orientación sobre el uso Adecuado del Asiento Protector” y dejar sin efecto enmiendas recientes a la Ley Número 22-2000, conocida como “Ley de Tránsito”, que penalizan a madres, padres y encargados de menores de edad que no cuenten con una certificación sobre el uso adecuado del asiento protector.
“La educación es nuestra principal herramienta para combatir la mayoría de los males sociales que nos aquejan. Es precisamente a través de la educación y el acceso a la información que podemos garantizar la seguridad de los menores que transitan las vías públicas del País. Este proyecto establece el deber de educar y ser educado, como una responsabilidad compartida entre todas y todos. Desde el encargado de un menor que instala un asiento protector, hasta el comerciante que vende el mismo, todos debemos y podemos poner nuestro grano de arena para velar por la seguridad de ese menor y reducir significativamente los posibles daños causados por accidentes en la carretera”, sostuvo el representante en declaraciones escritas.
Explicó que, según el American Automobile Association, la instalación adecuada del asiento protector de un menor en un auto reduce el riesgo de lesiones en un 71 a 82 por ciento y reduce la probabilidad de muertes producto de un accidente de tránsito en un 28 por ciento. La seguridad en las vías públicas, sobre todo en lo que concierne a menores de edad, representa un alto interés público. Sin embargo, las enmiendas recientes a la Ley Número 22-2000, aunque persiguen un fin loable, su implementación representa una carga onerosa, tanto para el Estado, como para las madres, padres y encargados de los menores de edad; que tornará en inoficiosa y poco práctica la certificación requerida bajo nuestro ordenamiento jurídico actual.
La medida presentada elimina el requisito de obtener una certificación de parte del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico sobre el uso adecuado del asiento protector. De igual forma, elimina las multas a las cual actualmente se exponen aquellas personas que no cuenten con dicha certificación. En la alternativa, el proyecto del representante Natal impone una obligación del Estado de orientar a la ciudadanía sobre el uso adecuado del asiento protector, mientras que obliga a los establecimientos comerciales que se dediquen a la venta de asientos protectores a brindar una orientación a todo cliente sobre el uso adecuado del asiento protector.
“Menos multas y castigos, más orientación y educación. Esa es la solución”, concluyó Natal.
