La representante Maricarmen Mas Rodríguez informó el viernes que radicó el Proyecto de la Cámara 2381 el cual crea la ‘Ley de Planes Operacionales ante un Terremoto en Escuelas Privadas’, a los fines de establecer estatutariamente la obligación de toda escuela privada de adoptar un plan operacional para atender adecuadamente un terremoto.
Los recientes terremotos que ocurrieron en Puerto Rico han puesto en manifiesto la importancia de tener planes operacionales actualizados y funcionales para atender emergencias. En el caso del gobierno central, se encuentra vigente el Plan Operacional Conjunto para Incidentes Catastróficos de Puerto Rico (POCIC), que fue preparado en total cumplimiento con las guías establecidas por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), entre otras entidades.
“Al presente, las instituciones privadas, incluyendo las escuelas privadas, no están obligadas a adoptar el POCIC. El hecho de que a las escuelas privadas no se les requiera adoptar el POCIC o un plan similar que haya sido debidamente certificado por las entidades pertinentes es sumamente preocupante. Los terremotos que sacudieron el sur de la Isla a principios del año 2020 provocaron daños severos en un sinnúmero de planteles escolares, incluyendo el derrumbe total de la escuela intermedia Agripina Seda, en Guánica. Por eso se hace imperativo que las escuelas privadas cuenten con un POCIC viable y verificable”, señaló la legisladora en declaraciones escritas.
La representante por el Distrito #18 de Mayagüez y San Germán dijo que según dispone la pieza legislativa, a partir del año escolar que comienza en agosto del año 2020, todas las escuelas privadas que ofrezcan cursos preescolares, elementales y/o de nivel superior en una planta física deberán contar con un plan operacional para atender la ocurrencia de un terremoto debidamente certificado por el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD).
Se estableció una multa de $500 por incumplimiento de la antes mencionada disposición.
“Reconocemos que muchas escuelas privadas ya cuentan con un plan operacional para atender emergencias. No obstante, entendemos que es necesario establecer en nuestro ordenamiento jurídico la obligación legal de así hacerlo. Además, todos los planes que dispone esta ley tengan que ser certificados por el NMEAD”, agregó Mas Rodríguez.
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