Ante el aumento de casos de explotación financiera contra adultos mayores en Puerto Rico, el Senado aprobó un proyecto de ley que busca imponer penas de reclusión a quienes incurran en este delito.
La legislación, impulsada por el senador Carmelo Ríos del Partido Nuevo Progresista (PNP), tipifica como delito la explotación financiera de personas de 60 años o más, estableciendo penas de cárcel dependiendo del monto defraudado. Si el fraude es de $500 a $10,000, la pena sería de hasta tres años de cárcel o la restitución del triple de la cantidad sustraída.
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"Si usted es víctima o usted comete explotación financiera, una persona de 60 años o más, y es su primera ofensa, pues tiene la opción de restituir. Si son $500, pues serían $1,500", explicó el senador.
Mientras, en casos donde el fraude supere los $10,000, se consideraría como delito grave y la pena aumentaría a ocho años de prisión.
"Muchos de estas veces (casos) son familiares. Son familiares que pues tienen alguna situación, están en vicio o caen en la rueda de abajo económicamente y ven una oportunidad de recoger ese dinero que, quizás son los ahorros, y esto duele porque me ha llegado también de personas que tenían $40,000, $50,000, y que de la noche a la mañana porque un cuidador o una persona que es de su propia familia, les lleva el dinero", sostuvo.
La medida ahora pasará a la Cámara de Representantes para su evaluación.
