Funcionarios gubernamentales coincidieron el jueves, que las plataformas digitales de alojamientos a corto plazo aportan al desarrollo económico y turístico de la isla mediante el pago del canon de alojamientos (room tax) de 7 por ciento que emiten a la Compañía de Turismo de Puerto Rico.
A esos efectos, favorecieron en vistas públicas de la Comisión de Asuntos Municipales que preside el representante Reinaldo ‘Rey” Vargas Rodríguez, el Proyecto de la Cámara 1644, del representante Eddie Charbonier Chinea, cuyo fin es prohibir que los municipios puedan limitar, prohibir o reglamentar las empresas de alojamientos a corto plazo.
Según indicó en comunicación escrita el sub-director ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, el licenciado Joseph Feldstein del Valle, “desde marzo de 2004, la Compañía es la entidad responsable del cobro del room tax.
En la actualidad, la plataforma de Airbnb ha reportado que cuenta con un inventario de 8,300 propiedades activas en Puerto Rico. Entre las fechas de julio de 2017 y junio 2018, la Compañía obtuvo de Airbnb por concepto de room tax $2.8 millones”.
Empresas similares
Amplió, que del mismo modo, otras plataformas de reservación digital que operan en la Isla como Home Away y Join a Join, pagaron $472,000 y $23,000 respectivamente. Informó además, que la Compañía obtuvo $2.6 millones de room tax de estas empresas que no operan dentro de las plataformas digitales antes mencionadas.
“En total, la compañía recaudó aproximadamente $5.9 millones en concepto de room tax provenientes del modelo de alojamiento a corto plazo. Fondos vitales para que la Compañía pueda continuar su encomienda de promocionar y desarrollar la industria turística”, planteó Feldstein del Valle.
Puerto Rico
Ante estas expresiones, el representante Vargas Rodríguez señaló estar inclinado a que los municipios reciban alguno beneficio de este Proyecto. “La realidad es que si es un negocio que está generando buenos ingresos y va en crecimiento, los municipios, que dan servicios de recogido de basura, limpieza y seguridad con policías municipales donde están estos negocios es importante que reciban algún beneficio de ellos. En estos momentos nada está escrito en piedra y estamos escuchando las diferentes opiniones”, expresó.
Municipios buscan reglamentar
Mientras que el representante Roberto Rivera Ruiz de Porras sostuvo que no se opone a que los municipios no puedan crear una prohibición para el establecimiento de estas empresas en sus jurisdicciones. No obstante, opinó que deben reglamentarse. “Pedimos que se enmiende el Proyecto para que los municipios los puedan reglamentar sin prohibir que los Airbnb y otras plataformas digitales se puedan establecer en sus jurisdicciones. Hay que reglamentar para que haya orden, planificación y organización. En Carolina ha funcionado”, dijo.
Entretanto, el representante y autor del proyecto de ley, Eddie Charbonier Chinea indicó que los municipios no deben limitar el derecho de arrendamiento que tiene todo dueño de propiedad en estos casos. “Por lo complicado que ha sido el panorama de nuestra isla luego del paso de los huracanes Irma y María, resulta contrario al interés de mejorar la economía de nuestros municipios, y por tanto, de nuestros ciudadanos, el impedir de cualquier forma la llegada de industrias que maximizan la posibilidad de acceso y una mejor calidad de vida de todos nuestros constituyentes. Limitar la posibilidad de que un ciudadano pueda disponer libremente de su propiedad, es contrario a toda la historia constitucional que sigue vigente en Puerto Rico y otras jurisdicciones”.
Seguido, el licenciado Gabriel Maldonado en representación del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), coincidió que la economía colaborativa es un modelo económico que transforma la manera en que los consumidores adquieren y administran bienes y servicios. Añadió que estos arrendamientos representan una nueva fuente de ingresos para Turismo. “La reglamentación gubernamental no debe convertirse en un impedimento en el desarrollo de una economía colaborativa. Un marco regulatorio claro y uniforme ofrecería la misma oportunidad de desarrollo para estas empresas. El gobierno debe convertirse en agente facilitador”.
Asimismo, Fernando Sánchez, de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), explicó que, como parte de las medidas dirigidas a atender la crisis fiscal en el 2017, se atemperó el ordenamiento jurídico y contributivo a los nuevos desarrollos de la industria del turismo, en particular la ‘Ley del Impuesto sobre el Canon por Ocupación de Habitación de Puerto Rico’ para incluir medidas que permiten recaudar el llamado ‘room tax’ de estos arrendamientos.
“Desde nuestra área de competencia, endosamos los objetivos que se busca adelantar mediante la aprobación de esta medida. Como demuestran los datos, esta industria contribuye positivamente a la actividad económica de la Isla”, opinó el funcionario. Antes de finalizar los trabajos del día, el representante Vargas Rodríguez adelantó que estará citando a vistas públicas a la Federación y Asociación del Alcaldes que fueron excusados el jueves.
