El director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental, el licenciado Luis Pérez Vargas, sostuvo el miércoles en vista pública del Senado que la designación de Verónica Ferraiuoli como secretaria del Departamento de Estado y su esposo, Francisco Domenech, como secretario de la Gobernación, no constituye un conflicto de interés según la ley vigente. Sin embargo, reconoció que podría tratarse de “un asunto de trabajo no adecuado”.
Pérez Vargas explicó que el Artículo 4.4(g)(9) de la Ley de Ética Gubernamental prohíbe conflictos de interés cuando involucra a parientes, pero aclaró que no aplica en este caso, ya que ambos funcionarios no son familia de la gobernadora Jenniffer González Colón. No obstante, el funcionario indicó que se debe garantizar que existan mecanismos de inhibición adecuados para evitar situaciones que beneficien a terceros.
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SUSCRÍBETE “No es prohibición de ley. La ley lo permite. En Puerto Rico la percepción choca todos los días y se nos exige una vara más alta. Si usted tiene que estar dando explicaciones constantemente, repiense la decisión. Puede verse feo, impropio”, expresó Pérez Vargas durante la Comisión Total que evalúa el nombramiento de Ferraiuoli en el Senado.
Por su parte, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, presionó al director de Ética para que emitiera una postura concreta sobre cómo se percibe públicamente la situación del matrimonio. Además, instó a Pérez Vargas a estar atento a una posible situación antiética entre la designada secretaria de Estado y su esposo.
"Yo le pido que, en honor a la confianza que nos ha honrado el pueblo de Puerto Rico, esté atento porque hay demasiadas circunstancias que podrían provocar una situación antiética o ilegal. Ojalá que no ocurra, pero repito, aquí nadie se chupa el dedo", expresó Rivera Schatz.
A esto, Pérez Vargas respondió que en este caso, está permitido que ambos asuman los cargos.
“La ley lo permite… pero aquí puede verse feo. Es un asunto de trabajo no adecuado”, respondió finalmente Pérez Vargas, tras insistencias del legislador.
A preguntas del senador Gregorio Matías, Pérez Vargas reiteró que no se incurre en un conflicto de interés directo mientras no se utilicen sus cargos para beneficiar a un tercero.
Además, aclaró que la Oficina de Ética Gubernamental no cuenta con auditores en la calle para fiscalizar mecanismos de inhibición y que solo pueden intervenir si se presentan referidos formales.
