La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko envió una carta al gobernador, Ricardo Rosselló Nevares en la que advirtió que el ente fiscal puede ejercer su poder de “corregir” cualquier gasto que se haya hecho que no esté incluído en el presupuesto certificado para el año fiscal 2018-2019.
“Algunas de las Resoluciones Conjuntas (del presupuesto) se promulgaron en enero de 2018 y se presentaron a la Junta de Control Fiscal casi un año después de su promulgación. Como le recordamos repetidamente, la Sección 204 (a) de PROMESA requiere que el gobernador presente las leyes promulgadas a la JSF a más tardar siete días hábiles después de la promulgación”, lee la carta de Jaresko a Rosselló Nevares.
“Si se han realizado gastos a cuenta de las Resoluciones Conjuntas, la JSF puede ejercer sus poderes de conformidad con la Sección 203 de PROMESA para corregir cualquier inconsistencia causada por los gastos no contenidos en el presupuesto certificado”, advirtió.
En la carta, la funcionaria precisa que el gobierno recientemente presentó a la JSF varias Resoluciones Conjuntas con el propósito de autorizar más de $30 millones en gastos, pero ninguna de las asignaciones o reprogramaciones contenidas en estas Resoluciones Conjuntas está contemplada por el presupuesto certificado para el Estado Libre Asociado para el año fiscal 2018-2019, ni fueron aprobados por el ente federal.
Según Jaresko, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos sostuvo que “una autorización de gastos del año anterior que no está cubierta por el presupuesto es inconsistente con la declaración de PROMESA de que el presupuesto certificado por la Junta de Supervisión para el año fiscal está en pleno vigor y efecto, y por lo tanto es anticipado por esa disposición legal por la fuerza de la Sección 4 de PROMESA”.
“En consecuencia, cada una de las Resoluciones Conjuntas es anulada e inválida”, agrega la misiva.
Para comprender qué medidas puede haber tomado ya el gobierno en relación con estas Resoluciones Conjuntas, Jaresko pidió que el principal oficial financiero certifique ante la JCF, antes del 8 de marzo, si ha habido algún impedimento o desembolso en virtud de las Resoluciones Conjuntas realizado, incluido el importe de dicho gravamen o desembolso y la partida correspondiente.
